Jorge Carrasco Araizaga
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició un procedimiento administrativo en contra del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano como probable responsable de conductas vinculadas a la delincuencia organizada.
Después de dos años de investigación, el órgano encargado de la administración y vigilancia de los juzgados y tribunales federales determinó la acción administrativa, la cual puede derivar en una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Al declarar cerrada la investigación, el CJF determinó que Luna Altamirano tuvo ingresos millonarios no justificados como magistrado e hizo múltiples viajes a Colombia y Centroamérica en momentos en que estaba al frente del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal.
En mayo de 2012, el CJF decidió suspender al magistrado mientras realizaba la investigación en su contra. Iniciado el procedimiento administrativo, la sanción se mantiene por lo que no está recibiendo su salario.
Según informó el CJF, el magistrado hizo movimientos bancarios inusuales por casi 3 millones de pesos, algunos de ellos en dólares estadunidenses, y los que no reportó en sus declaraciones patrimoniales.
Esos movimientos están “dentro del supuesto de alto riesgo” porque no es una moneda de curso legal en México y porque “gran parte de operaciones con la misma pudieran estar asociadas con la delincuencia organizada”.
Con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el área de vigilancia del CJF también encontró que los familiares del magistrado realizaron depósitos y/o abonos por casi 2 millones de pesos, sin que se conozca el origen de los recursos.
Lo acusa también de abandonar la residencia del Tribunal a su cargo “por realizar múltiples viajes a países de Centro y Sudamérica, entre ellos Colombia”.
El CJF lo investiga además por “inconsistencias” en el trámite y resolución de diversos juicios, aunque no precisa en qué casos.
Tales inconsistencias “denotarían falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en la substanciación y resolución… al conceder ventajas indebidas a alguna de las partes”.
Lo responsabiliza asimismo de haber ido en contra de los criterios jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aun de sus propias determinaciones.
Además de exonerar del delito de genocidio al expresidente Luis Echeverría y de conceder a España la extradición del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, Luna Altamirano resolvió de manera favorable a varias personas acusadas de delincuencia organizada, entre ellas un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
En 2010 también resolvió a favor de Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, socio del ahora preso Chapo Guzmán.
En 2011 absolvió a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y a su novio, el colombiano Juan Diego Espinoza, El Tigre. También resolvió a favor de Arturo Culebro Arredondo, Tito, supuesto operador del Cártel del Norte del Valle, de Colombia.
En febrero pasado, Proceso, en su edición, 1945, publicó que Luna Altamirano fue investigado a petición del ministro Juan Silva Meza porque la PGR ya tenía una indagatoria en contra del magistrado.
La PGR ha filtrado que el magistrado está investigado como presunto lavador del cártel colombiano.
Luna Altamirano ya había sido suspendido por declarar públicamente en contra de una juez.
