«Proceso» contra activistas Bryan Reyes y Jacqueline Santana, otro burdo montaje; «se les está cayendo»: abogado

México, 22 de enero 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Sergio Soto, abogado de los activistas Jacqueline Santana y Bryan Reyes presos desde el 16 de noviembre con cargos fabricados, informó ayer que a la Procuraduría General de la República (PGR) “se le está cayendo el teatro” por la fragilidad de las pruebas falsas que están utilizando para inculparlos.

De acuerdo con el litigante, el proceso judicial que están enfrentando los jóvenes ha estado plagado de irregularidades y planteó como camino “legal” y “correcto” para liberarlos, que la PGR se desista de la acción penal. Por ello enviaron un escrito al priista Jesús Murillo Karam haciendo la solicitud correspondiente.

“Se les está cayendo el teatro” por las evidencias que están siendo desvirtuadas y “el continuar presos es ya una decisión política, ya a nivel de gobierno federal”, señaló Soto.

“No queremos que a nuestros compañeros les pase lo que le pasó al profesor Pathistán que pasó un proceso de muchos años y, posteriormente, viene un indulto. Es decir, estamos proponiendo la salida jurídica correcta, en base a pruebas, no en base al dicho de los otros”, subrayó.

Los activistas fueron secuestrados por un grupo de sujetos vestidos de civil el 15 de noviembre de 2014, cuando se dirigían al mercado La Merced para comprar algo de comer. Al momento del secuestro, Bryan gritó pidiendo auxilio captando la atención de un agente de la policía capitalina, quien acudió al llamado logrando frustrar el secuestro. No obstante, los sujetos se «identificaron» como policías federales que realizaban una detención.

Posteriormente, los sujetos llevaron a los jóvenes a una agencia del MP en la delegación Venustiano Carranza, donde los acusaron de haberle robado 500 pesos a una mujer policía, amagándola con dos cuchillos de cocina.

Por todos lados hay violaciones al debido proceso contra Bryan y Jacqueline. Sergio Soto mencionó, por ejemplo, que no se les detuvo en flagrancia, se les violentó y además los elementos que realizaron la detención no tenían atribuciones para ello, pues pertenecen a la división de Inteligencia, Operaciones Encubiertas e Infiltraciones, es decir, están especializados en infiltrarse en el crimen organizado y no deberían “andar investigando a estudiantes” que participan en manifestaciones o hacen activismo político.

Asimismo, el abogado denunció que al revisar los expedientes de los policías, se percataron que sus credenciales estaban vigentes hasta los primeros días de noviembre del 2014, por lo que habían vencido cuando detuvieron a los jóvenes.

Por cuanto a los cargos que les imputan –robo agravado–, Soto explicó que, tras análisis pericial, no hallaron huellas dactilares de persona alguna en los supuestos cuchillos de cocina que los jóvenes, según la fiscalía, habrían utilizado para intentar robarle 500 pesos a una mujer de la policía federal que se encontraba en su vehículo con dos colegas. En tanto, la defensa no tuvo acceso a los 500 pesos para realizar los peritajes correspondientes, pues la procuraduría los envió un «fondo de 3 mil 700 pesos a nombre del gobierno del Distrito Federal» y sólo proporcionó una ficha de depósito del área de bienes asegurados.

“Y yo y la defensa decimos, no me estás acreditando que se trate de los 500 pesos para que nuestros peritos puedan realizar sus estudios sobre los objetos del delito”, denunció Soto.

Por otra parte, Wendy Reyes, hermana de Bryan, comentó que su hermano y compañeros de otros reclusorios, están en huelga de hambre desde el 1 de enero y denunció que son víctimas de hostigamiento en el penal para que levanten la huelga.

En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), también asistieron familiares de otros presos que enfrentan procesos irregulares. Se anunció que para el 3 y 4 de febrero se realizarán jornadas de «compartición» y talleres de prevención en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, en tanto que el 21 y 22 del mismo mes se conformará la Coordinadora contra la Represión en la Escuela Normal Rural «Isidro Burgos» de Azotzinapa, Guerrero.

Con información de Cencos

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