LO DICHO: Estos falsos «jueces» que, se supone, deberían proteger a la sociedad haciendo valer la ley y la justicia, son incluso peores que los delincuentes a los que protegen, solapan, avalan y dejan impunes.
Por Jesús Aranda
(La Jornada)
Ciudad de México. Con el voto en contra de cuatro ministros, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la propuesta de negar el amparo a la Compañía Embotelladora del Fuerte S.A. de C.V. [filial de Coca Cola] que impugnó la prohibición impuesta por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la venta de productos y bebidas chatarra en “todos” los planteles del país, particularmente en las Universidades e Instituciones de educación superior.
Sin argumentar las razones de su voto, Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos y Alberto Gelacio Pérez Dayán desecharon el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas, el cual validaba la decisión de la SEP, con el argumento de que el Estado Mexicano está obligado constitucionalmente a proteger la salud de los educandos, para prevenir y disminuir el desarrollo de la obesidad y el sobrepeso, “los cuales constituyen problemas graves de salud en el país”.
Los ministros resolvieron returnar el proyecto a un ministro de la mayoría, para que elabore una nueva propuesta en contra del sentido del proyecto de Franco que era negarle el amparo a la empresa quejosa.
La productora de jugos y bebidas cuestionó la validez del “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para la distribución de alimentos y bebidas preparas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional”.
Dicho decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 mayo de 2014, prohíbe la venta y distribución de artículos en los planteles escolares que no cumplan con los criterios nutrimentales que deben cumplir los alimentos y bebidas, elaborados por la Secretaría de Salud.
La demanda se centraba en dejar insubsistente la prohibición de la venta de productos con exceso de grasa y azúcar en las instituciones de educación superior, al considerar que, por tratarse de personas mayores de edad, eran responsables de su alimentación.
Planteamiento que rechazaba Franco en su propuesta, al señalar que debido al grave problema de obesidad y diabetes que enfrenta el país, por el alto consumo de refrescos, el Estado mexicano está obligado a procurar la salud de toda la población, no sólo de los menores de edad que cursan en los plantes de educación básica y media superior.
