Mónica Camacho
La Jornada
El tercer y último periodo ordinario de sesiones del Congreso del estado inició sin que los diputados tengan claro qué va a suceder con la Ley Bala que el titular del Poder Ejecutivo local promulgó en mayo y después propuso abrogar, ante el escándalo que generó su aplicación en el operativo policíaco de Chalchihuapan.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el panista Eukid Castañón Herrera, descartó que la derogación se sugiriera en julio pasado como una estrategia mediática.
Aunque reconoció que no hay fecha para que los diputados decidan lo que sucederá con la normativa, aseguró que el tema ya se analiza entre los representantes populares, asesores y algunas organizaciones civiles cuyo nombre no quiso precisar, alegando que entorpecería el proceso legislativo.
Sin embargo, se dijo abierto a la participación de cualquier colectivo incluido Artículo 19, que ha sido una de las organizaciones internacionales más críticas a la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas.
A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, consideró que sería prudente que el Congreso esperara las conclusiones de la investigación que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el operativo en Chalchihuapan, para decidir el futuro de la ley que regula el uso de la fuerza pública.
