Jesús Aranda
La Jornada
Tras casi dos meses de haber aceptado la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún no da a conocer las acciones realizadas para cumplirla. Ni siquiera ha señalado si el asunto está “en fase de cumplimiento”.
La dependencia subió a su página de Internet –el pasado 29 de diciembre– datos sobre dicho asunto en el apartado “Recomendaciones en materia de derechos humanos emitidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por la CNDH”, en el cual no se especifican las “acciones efectuadas para su ejecución”. Tampoco la unidad administrativa responsable de la información.
Publicó una síntesis de la recomendación (51/2014) con fecha 21 de octubre de 2014 –cuando fue emitida la decisión de la comisión–, en la cual afirma “que aproximadamente entre las 0400 y las 0600 horas del 30 de junio de 2014, elementos del Ejército Mexicano privaron de la vida a Érika Gómez González, de 15 años de edad, y a 21 personas más del sexo masculino, en el interior de una bodega en construcción que se localiza en el lugar conocido como Cuadrilla Nueva, en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México”.
La CNDH recomendó a la Sedena, entre otras cosas, reparar el daño a víctimas indirectas y familiares de las personas “privadas arbitrariamente de la vida el 30 de junio de 2014”, incluida la indemnización respectiva y atención médica y sicológica; que los soldados cumplan el manual de uso de fuerza; que el personal se abstenga de “alterar escenas de los hechos”; que la Sedena colabore en la denuncia de hechos que la CNDH formule ante la Procuraduría Militar, y que inicie la averiguación previa correspondiente.
