Martha Martínez
Reforma
Cd. de México (19 octubre 2014).- Avaló la llamada Ley Bala que derivó en la muerte de un menor en el estado de Puebla, omitió investigar casos que eran de su competencia, ignoró denuncias realizadas en tiempo y forma, denunció delitos cuando éstos ya habían prescrito, emitió recomendaciones que las propias víctimas rechazaron, apoyó las versiones del gobierno federal sin investigar antes lo hechos… La lista de fallas y omisiones del ombudsman nacional es larga.
Raúl Plascencia Villanueva arribó a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en noviembre de 2009 y, en lo que va de su gestión, el organismo ha contado con los presupuestos más grandes de su historia, su nómina actual no tiene comparación y la reforma constitucional en derechos humanos aprobada en 2011 la convirtió en una de las instituciones defensoras de los derechos humanos más avanzadas del mundo.
A pesar de ello, su trabajo es menos efectivo: recibe más quejas, pero emite menos recomendaciones, la respuesta de las autoridades ante éstas es cada vez menos convincente y por primera vez en la historia del organismo, cinco de sus recomendaciones fueron impugnadas por las propias víctimas.
Aunado a ello, de cara a la elección del nuevo ombudsman, Plascencia enfrenta una demanda de juicio político promovida por ciudadanos y organizaciones civiles, quienes lamentan que, en un contexto de crisis de los derechos humanos, el presidente de la CNDH abdique en su tarea de defender y proteger a las víctimas.
Avances de papel
En lo que va de la administración de Raúl Plascencia, los recursos de la CNDH tuvieron un incremento real del 34 por ciento: pasaron de 601 millones de pesos a más de 804 millones.
Este aumento es cuatro veces superior al registrado durante el segundo y último periodo de su antecesor: entre 2005 y 2009, el presupuesto del ombudsman nacional se incrementó sólo 8 por ciento, de 621 a 669 millones de pesos.
También creció la nómina del organismo. El Presupuesto de Egresos de la Federación indica que, entre 2010 y 2014, las plazas etiquetadas aumentaron de mil 134 a mil 605. De ahí que el monto destinado al pago de sueldos y prestaciones creció de 440 a 579 millones de pesos. Actualmente, este rubro absorbe el 72 por ciento de los recursos públicos que maneja la CNDH.
Además, la reforma constitucional en derechos humanos revistió al ombudsman nacional de mayores atribuciones: le transfirió la facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves a los derechos humanos, incluyó dentro de sus competencias los derechos laborales, estableció la obligación de los servidores públicos de responder sus recomendaciones y le otorgó la facultad de presentar denuncias penales o civiles contra funcionarios públicos que no sustenten debidamente el rechazo a éstas.
De la reforma surgió una súper CNDH que hoy es criticada por organizaciones civiles de protección a víctimas, defensores independientes de derechos humanos, académicos y algunos partidos políticos.
Menos resultados
A pesar de tener a su disposición más recursos, personal y atribuciones legales, el trabajo del actual ombudsman no es mejor que el de sus antecesores. Las estadísticas del organismo indican que durante la gestión de Plascencia, la CNDH ha recibido 70 por ciento más quejas que durante el periodo 2005-2009; sin embargo, no ha emitido más recomendaciones y tampoco ha logrado un mejor cumplimiento de éstas por parte de las autoridades.
Entre 2005 y 2009 la segunda y última gestión de José Luis Soberanes, el organismo recibió 34 mil 816 quejas y emitió 312 recomendaciones, lo que equivale a 0.8 por ciento.
Si ya con Soberanes el número de quejas que se convierten en recomendaciones era bajo, con Plascencia este indicador cayó aun más.
Entre 2010 y septiembre de 2014, la CNDH recibió 59 mil 957 quejas y emitió 406 recomendaciones. Es decir, apenas el 0.7 por ciento de las quejas se convirtieron en recomendaciones.
Las recomendaciones de Plascencia tampoco han sido más efectivas. Entre 2010 y 2013 emitió 360 para 2014 aún no existe información sobre la aceptación o rechazo de éstas, y en menos del 2 por ciento de los casos las autoridades señaladas en ellas las aceptaron y entregaron al ombudsman nacional pruebas que acreditaran su cumplimiento.
Un ejemplo: en 2011, la CNDH emitió 95 recomendaciones, de ellas sólo una está clasificada como «aceptada con pruebas de cumplimiento total».
El «récord» de Plascencia en recomendaciones con pruebas de cumplimiento es inferior al de Soberanes, que llegó al 10 por ciento de recomendaciones cumplidas en su segundo periodo.
Las estadísticas de la CNDH muestran que en la mayoría de las recomendaciones emitidas por Plascencia, las respuestas de las autoridades han sido poco satisfactorias: 10 por ciento fueron rechazadas; 17 por ciento fueron aceptadas pero las autoridades no entregaron al organismo pruebas de su cumplimiento, y en 59 por ciento de los casos su cumplimiento fue parcial.
El 23 por ciento de las recomendaciones restantes aún no están resueltas. El organismo las presenta como «en tiempo de ser contestadas» o «en tiempo de presentar pruebas de su cumplimiento», esto a pesar de que algunas de ellas fueron emitidas desde 2010.
Omisiones
De acuerdo con el gobierno federal, en los últimos siete años se registraron más de 70 mil muertos y más de 47 mil desaparecidos en el marco del combate al crimen organizado.
La CNDH documentó en 2009 y 2011 que al menos 20 mil migrantes en tránsito por México fueron secuestrados; mientras que de acuerdo con organizaciones civiles alrededor de 160 mil personas se encuentran desplazadas por la violencia.
En los últimos 14 años, al menos 80 periodistas fueron asesinados, 27 defensores de derechos humanos perdieron la vida como consecuencia de su trabajo y 37 colectivos de la sociedad civil sufrieron agresiones.
Recientemente, organismos internacionales externaron su preocupación luego de que se conocieran nuevos casos de violaciones a los derechos humanos en los que están involucrados el Ejército y los cuerpos policiacos, como las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.
Ante este país convulsionado por la violencia, activistas aseguran que la actuación de Raúl Plascencia ha sido omisa, tibia y tardía.
Eduardo Gallo, uno de los activistas que promueven un juicio político en contra del ombudsman nacional, reprocha que a pesar de la escandalosa cifra de 70 mil muertos, la CNDH no ha llevado a cabo ninguna acción para verificar la capacidad de los gobiernos federal y locales para identificar los cuerpos y esclarecer los homicidios.
«En ningún momento se llevó a cabo una investigación para analizar si se trataba de patrones repetitivos, qué características presentaban las personas asesinadas tanto en el plano físico como en su actividad, sexo, edad, lugar en el que estaban siendo ultimadas, el procedimiento con el que estaban siendo ultimadas.
«Se plegó absolutamente a la versión que daba el gobierno federal de que se trataba de delincuentes asesinados por otros delincuentes y nunca se cercioró de que hubiera alguna participación de un grupo paramilitar, de la Policía Federal o de la Marina, de tal suerte que avaló permanentemente que hubiera 70 mil asesinatos y que no hubiera justicia para sus familiares y para que se limpiara la imagen que se dejó de muchos de ellos», señala.
El activista reprocha que la CNDH tampoco trató de establecer si existía alguna correlación entre las 70 mil personas asesinadas reconocidas por la Secretaría de Gobernación y las 47 mil desaparecidas según la Procuraduría General de la República.
Critica que el ombudsman nacional no cuestionó al gobierno federal cuando aseguró que en los primeros 18 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, la PGR había localizado a más de la mitad de las personas reportadas como desaparecidas, «la mayoría de ellas con vida».
«En julio pasado sale la subprocuradora Mariana Benítez a decir que de esos 47 mil ya encontraron la mitad de los que faltaban. Como lo dije el día del desaparecido, ¿cómo le hicieron?, ¿de qué tamaño es el ejército de la PGR para encontrar a 25 mil desaparecidos en los primeros 18 meses de trabajo de la Procuraduría, cuando empezó con un equipo, no tenían bases de dato, procedimientos?, ¿cómo le hicieron para encontrar prácticamente el equivalente a más de 4 desaparecidos por día, 365 días del año, incluyendo sábados y domingos y festivos?», cuestiona.
Y la CNDH se mantuvo omisa frente a esto, añade Gallo.
«Sin duda que la organización (CNDH) se mueve en función de los intereses que él tiene y su interés ha sido muy claro, es no meterse, primero, con quien tiene el poder político. Segundo, no enemistarse con quien tiene el poder armado, léase fuerzas federales, entonces cuando él incurre en esta conducta empieza a encubrir, por eso no lo ves actuar», señala.
Chalchihuapan-Tlatlaya
La actuación de la CNDH frente a los desaparecidos y asesinados en el marco de la guerra contra el narco no es la única critica de los defensores de derechos humanos.
Miguel Moguel, abogado de Fundar, Centro de Investigación y Análisis, recuerda que en marzo pasado, cuando tuvieron conocimiento de que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, había enviado al Congreso de su estado una iniciativa de ley para permitir a los cuerpos policiacos el uso de armas «no letales» para el control de manifestaciones, solicitaron a Plascencia que interpusiera un recurso de inconstitucional por considerar que la medida era contraria a los derechos humanos.
El abogado indica que no tuvieron respuesta hasta que meses después, durante una comparecencia, el ombudsman nacional fue cuestionado por legisladores sobre el tema, y ahí indicó que analizaría la ley y a partir de ello determinaría la actuación de la CNDH.
El 21 de mayo, Plascencia recibió la Clavis Palafoxianum y Cédula Real y de la Real Provisión del Ayuntamiento de Puebla, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla le otorgó un doctorado Honoris Causa. En ese marco, el ombudsman elogió al gobernador Rafael Moreno Valle.
«Puebla es el primer estado que asume de manera plena la legislación federal el primer estado que asume el manual para la identificación e investigación eficaz de la tortura y otras tratos crueles, inhumanos o degradantes, conocido como el Protocolo de Estambul de Naciones Unidas y que lo ha traducido en una ley. Por ello, mi reconocimiento, señor gobernador», dijo entonces.
Dieciséis días después, el 6 de julio, la Dirección General Jurídica del organismo informó que, luego de revisar la llamada Ley Bala, no encontró elementos que sustentaran un recurso de inconstitucionalidad.
El 9 de julio ocurrió un desalojo en la carretera Puebla-Atlixco en el que resultó lesionado el menor José Luis Alberto Tlehuatlie, como consecuencia de un cilindro de gas lacrimógeno que impactó su cabeza. Hecho que le provocó la muerte una semana después.
Hasta después de la muerte del menor de 13 años, la CNDH inició una investigación y emitió una recomendación al gobierno de Puebla.
«Ahora que ya pasó emite una recomendación, donde señala la responsabilidad de algunas instituciones, pero no lleva al extremo esto que nosotros llamamos la cadena de mando, es decir, ¿quién es el responsable si una ley posibilitó una práctica que dio lugar a una violación? Hay una responsabilidad de las instituciones que la cometieron, pero hay otra más grande de quien más arriba hizo posible que existiera un marco legal violatorio», afirma Moguel.
Pero estos no son los únicos casos en los que el ombudsman nacional se ha quedado corto. La CNDH también ha sido tardía y en algunos casos ha llegado al colmo de actuar cuando los hechos impugnados ya prescribieron.
En agosto de 2011 se reportó el hallazgo de 49 fosas clandestinas con 193 restos en San Fernando, Tamaulipas. A finales de octubre de 2012, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático asumió la defensa de familiares de migrantes cuyos restos habían sido identificados, pues autoridades mexicanas les informaron que cremarían los cuerpos.
A inicios de noviembre la Fundación y otras organizaciones solicitaron a la CNDH medidas cautelares urgentes para prohibir dicha cremación. La solicitud no tuvo respuesta y la cremación de los cuerpos se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2012. Semanas después, Plascencia aseguró que la CNDH había solicitado las medidas cautelares, pero hasta la fecha no ha presentado pruebas de ello.
En noviembre de 2013, emitió la Recomendación 57/2013 por la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Parra, un empleado de Caminos y Puentes Federales que fue secuestrado por la delincuencia organizada en Tamaulipas y transportado a Nuevo León, en donde fue ejecutado por el Ejercito.
La Recomendación fue emitida dos años después de los hechos; es decir, cuando las conductas ilícitas denunciadas ya habían prescrito, por lo que no fue posible establecer las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados.
La CNDH de Raúl Plascencia también ha actuado en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. En septiembre de 2012, a más de un año de la detención arbitraria, tortura y violación sexual de Miriam Isaura López Vargas por elementos del Ejército, el organismo emitió la recomendación del caso. En ella, solicita a la Sedena a que «en el ámbito de su competencia se inicie la averiguación previa que en su derecho corresponda, por las responsabilidades de oficiales».
La recomendación de la CNDH echa por tierra muchos años de trabajo de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos quienes han exigido que la justicia castrense se limite a militares en activo. También ignora la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla, la cual determina que la jurisdicción militar no debe aplicar en casos que involucren a civiles.
Su más reciente omisión fue haber dado por válida la versión oficial de que la masacre de Tlatlaya, Estado de México, había sido un enfrentamiento y no una ejecución a pesar de que no había una investigación de por medio.
Para Alejandra Ancheita, quien recientemente recibió el premio Martin Ennals, considerado el Nobel de los derechos humanos, en los últimos cinco años Plascencia ha demostrado ser un ombudsman parcial.
«Estas instancias (las comisiones de derechos humanos) fueron creadas para hacer una función muy importante para la sociedad, que es vigilar y hacer respetar los derechos humanos en el país; los hechos nos van mostrando que no se ha hecho de una manera imparcial y no se ha hecho tampoco de una manera eficiente», advierte.
La directora de la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que la gestión de Plascencia pone en evidencia la necesidad de revisar el perfil del ombudsman, así como los mecanismos de elección del mismo.
«Hay una necesidad de construir un perfil para el ombudsman nacional en donde la experiencia en derechos humanos sea probada por una trayectoria que evidencie que tiene las habilidades para asumir el cargo y me parece que el actual ombudsman ha demostrado en estos últimos años que no necesariamente cuenta con las habilidades que se requieren para el puesto», sostiene.
Amparos
Actualmente, la CNDH enfrenta cinco juicios de amparo en contra de sus recomendaciones. Ésta es la primera vez en la historia del organismo que sus recomendaciones son impugnadas por las propias víctimas.
Entre enero y marzo pasados, familiares de personas identificadas en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, presentaron a través de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho dos demandas de amparo en contra del proceso de investigación y la recomendación sobre el caso.
Samuel Kenny, coordinador de Incidencia de la fundación, indica que el juicio de amparo fue presentado debido a que el organismo no enmarcó los asesinatos en un contexto de violencia en contra de migrantes, no señala cuál es la responsabilidad del Estado en las muertes y, al no consultar a los familiares, no sólo les negó su estatus de víctimas sino que violó su derecho a ofrecer pruebas, refutar o contraargumentar lo que informó la autoridad.
«Estábamos esperando cuando mínimo una versión oficial adentro de la recomendación que cuente qué es lo que pasó, estábamos esperando que especificara si hubo violaciones a los derechos humanos o no y, además, si fueron graves, y la CNDH envía, el 23 de diciembre de 2013 en la tarde, la recomendación 80/2013 y ninguno de los tres puntos que mencioné están cumplidos», explica.
«En ningún momento la CNDH se acercó a las familias para realizar esta recomendación, eso significa que en ningún momento les consultó, les ofreció asesoría, apoyo. En ningún momento les comunicó cómo iban las indagatorias ni les ofreció a posibilidad de apelar o de contradecir las líneas de investigación», abunda.
Actualmente los dos juicios de amparo siguen su curso luego de que el Poder Judicial les diera entrada.
La CNDH enfrenta tres amparos más. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, impugnó las recomendaciones emitidas por los casos de tres mujeres indígenas víctimas de violencia obstétrica en Oaxaca y Yucatán, debido a que la CNDH se limitó a señalar que hubo violaciones a las garantías de estas mujeres, pero omitió los puntos que involucran la reparación integral del daño.
Juicio o reelección
Además de los cinco amparos, Plascencia enfrenta una demanda de juicio político que, en septiembre pasado, 84 organizaciones y activistas entregaron a la Cámara de Diputados. Lo acusan ser omiso frente a las violaciones a los derechos humanos, así como de utilizar el organismo con fines distintos a la defensa de los mismos.
«La presente denuncia se dirige a evidenciar que, en aquellos asuntos de trascendencia nacional, con algún matiz político y en donde se requería ejercer las atribuciones de manera independiente y comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, el presidente de la CNDH no actúo con ese carácter, por lo cual incurrió en omisiones que han afectado de manera grave a las personas en el goce y ejercicio de los derechos humanos… han redundado en perjuicio del interés público», señala el documento.
La solicitud de juicio político en contra de Plascencia se empalmó con el proceso de elección del nuevo ombudsman nacional, de por sí complicado.
Frente a un nuevo relevo en la CNDH, previsto para el 13 de noviembre, la semana pasada se hicieron evidentes los cabildeos para tratar de reelegir a Plascencia Villanueva, sobre todo de un grupo de senadores panistas encabezados por Mariana Gómez del Campo madrina de la hija del ombudsman y quien tiene familiares en la estructura de la CNDH.
Pero la posibilidad de reelección chocó con la realidad: octubre hizo evidente la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, con los casos Tlatlaya e Iguala, y la sociedad civil intensificó sus críticas al ombudsman.
En el Senado, el PAN se dividió en torno a Plascencia Villanueva; el PRD se opuso terminantemente a su reelección y el PRI se ha mantenido ambiguo, negándose a refrendarle el apoyo que le dio en 2009 para llegar al cargo.
En ese contexto, la convocatoria para determinar el mecanismo de elección del nuevo presidente de la CNDH se entrampó en las comisiones encargadas de emitirla.
La Comisión de Derechos Humanos, presidida por la perredista Angélica de la Peña, proponía un mecanismo en el que Plascencia tendría que competir por la reelección en igualdad de condiciones con otros aspirantes.
La Comisión de Justicia, presidida por el panista Roberto Gil, impulsaba que Plascencia fuera convocado a una comparecencia en la cual se votara su reelección.
Debido a la falta de acuerdos entre ambas comisiones, los coordinadores parlamentarios asumieron las negociaciones y finalmente la convocatoria fue aprobada el jueves pasado, estableciendo un procedimiento que obligará a Plascencia Villanueva a competir con otros aspirantes al cargo, lo que podría hacerlo desistir.
Ante la posibilidad de que, aun en esas circunstancias, el ombudsman compita para permanecer en el cargo, Eduardo Gallo adelanta que diversas organizaciones civiles se preparan para promover un juicio de amparo en caso de que Plascencia Villanueva resulte reelecto por el Senado.
