Yadira Llaven Anzures
La Jornada
El trabajador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), principal acusador del activista Juan Carlos Flores Solís, recluido en el penal de Cholula desde el pasado 8 de abril por oponerse a la construcción de un gasoducto, se desdijo de la denuncia hecha en contra del defensor de derechos humanos.
Incluso esta persona dijo desconocer físicamente a Flores Solís, a pesar de que cinco meses atrás se aseveró que este trabajador vio cómo el inculpado cerró el pozo número siete, bajo el resguardo del Soapap, en una protesta por el desabasto de agua en la región.
Al no haber evidencia de la supuesta participación del activista en el cierre de pozos en la comunidad de Santa María Acuexcomac, el inculpado podría recuperar su libertad en los próximos días.
Miriam Vargas Teutle, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos–Puebla–Tlaxcala, dio a conocer que también se extravió la prueba fehaciente que se presentó en contra del señalado.
Precisó que la denuncia contra Flores Solís la interpuso el apoderado legal del Sistema Operador de Agua, quien además acusó al ambientalista de extorsión por exigir la cantidad de 8 millones de pesos para no destrozar la obra hidráulica.
La segunda denuncia contra Juan Carlos, reveló, estuvo a cargo del director de Análisis Político de la Secretaría General de Gobierno estatal, el militar José Ventura Rodríguez Verdín, quien tampoco se presentó a declarar la semana pasada.
“Prácticamente no hay pruebas para culpar a Juan Carlos, ni videos ni fotografías; ahora estamos apelando a la justicia por su detención arbitraria, porque sabemos que se trató de un tema político”, declaró.
Llama la atención que la audiencia constitucional en contra de Juan Carlos Flores Solís se ha diferido en tres ocasiones debido a que la parte acusadora no se ha presentado para el desahogo de pruebas.
El pasado 14 de abril el juez penal de San Pedro Cholula dictó auto de formal prisión al ambientalista Juan Carlos Flores Solís. Se le acusó de motín, despojo, ataque contra la infraestructura hidráulica y extorsión, por lo que no alcanzó libertad bajo caución por tratarse de delitos graves.
El litigante José Antonio Lara Duque, representante del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, explicó que el gobierno busca internar hasta por 32 años al ambientalista, debido a que desde 2011 encabeza la lucha por la defensa del agua y la tierra en la zona del volcán Popocatépetl.
“Nos queda claro que el gobierno de Puebla estuvo detrás de la detención del compañero valioso, que les impedía echar a andar el gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos”, informó.
Sobre el proceso jurídico del inculpado, aseveró que existe una serie de irregularidades que obstaculizaron la liberación de Flores Solís.
“Hay evidente mala fe del gobierno de Puebla”, acusó el representante del Centro de Derechos Humanos, pues señaló que el delito fue “fabricado”.
Hasta el momento, señaló, no existen pruebas que imputen a Flores Solís haber participado en el cierre de los pozos de la comunidad de Acuexcomac los días 3 y 5 de abril de 2012.
La detención de Flores Solís se suma a la de Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, que fue aprendida un día antes y quien se niega a otorgar el permiso, en su carácter de comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, para que pase un gasoducto por tierras de cultivo.
Mientras que el tercer preso ambientalista es el juez de paz Abraham Cordero Calderón, por oponerse a la construcción del arco poniente sobre terrenos de cultivos de hortalizas de la región de la Sierra Nevada y San Martín Texmelucan.
