Norma Trujillo Báez
La Jornada
La violencia contra las mujeres periodistas en México se incrementó de 2002 a 2013 en 374% al pasar de dos a 187 agresiones, 13 de las cuales fueron asesinatos, revela el tercer informe de la organización civil Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac), en donde se señala que Veracruz ocupa el segundo lugar en agresiones a periodistas y el asesinato de la periodista Regina Martínez la investigación ministerial se enfocó en la vida privada de la reportera y en desacreditar su labor periodística, lo que derivó en violencia institucional.
En el informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal” se da cuenta de un estudio de cuatro casos emblemáticos, que hizo la abogada Adriana Carmona López: uno de ellos es el allanamiento de las oficinas de la propia organización en 2008; otro, el proceso por difamación y calumnia iniciado por el empresario Kamel Nacif contra Lydia Cacho, detenida en 2005 en Cancún por policías ministeriales de Puebla; el tercero, los juicios contra la reportera de Contralínea Ana Lilia Pérez, y el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, en abril de 2012, clasificado por Cimac como feminicidio.
Representantes de la ONG, Lucía Lagunes Huerta y Yunuhen Rangel Medina, dieron a conocer que en el feminicidio de Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario Proceso, la investigación procesal se enfocó en desacreditar su labor periodística. A lo largo de las pesquisas se han presentado indicadores de violación al debido procedimiento, muestra de ello es el mal resguardo de las evidencias, preservación y recolección de las pruebas y la identificación de testigos, ya que la Procuraduría del estado, responsable de la integración y resguardo de las evidencias, no llevó a cabo las indagaciones adecuadas, lo que no permitió realizar un juicio justo, así como gestionar peritajes que permitieran ubicar el móvil del asesinato.
También destacaron que a pesar que su caso lo investigaba la Fiscalía Especial en Delitos Electorales y contra Periodistas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ), no existe un solo peritaje que hable de su trabajo, del análisis de archivos de sus notas.
“Ninguna de las autoridades investigadoras como fue la PGJ y la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos Contra Periodistas de la PGR, continuaron las líneas de indagación con base en sus últimos trabajos periodísticos entre los que destacan: investigación sobre las elecciones a la diputaciones federales de Reynaldo Escobar y Alejandro Montano; el trabajo encomendado sobre la supuesta participación del alcalde del PAN en Chinameca, Martín Padua, con la delincuencia organizada…y la causa del despido de la periodista del periódico Política fue a consecuencia de una publicación sobre la muerte de Ernestina Ascencio”.
En la presentación del informe que se llevó a cabo en el Centro Cultural España, la periodista Lydia Cacho, comentó que en una ocasión que visitó la capital del estado de Veracruz, “al concluir mi participación Regina me pidió una entrevista, y más bien lo que quería era hablar conmigo y lo que me dijo es que tenía muchas amenazas, pero para qué lo digo, tal parecería que quiero llamar la atención… después de esto yo lo que digo, es qué importan los otros cuando hay que salvar la vida, grítenlo a los cuatro vientos, busquen planos de seguridad, no están solas, qué importa que digan los demás; Regina no recibió la ayuda de sus colegas, de sus jefes y compañeros de la revista y ellos sabían que las amenazas eran por su trabajo”.
En la otra parte del informe, presenta datos de 2012 y 2013 en los que se presentaron 86 casos de violencia contra mujeres periodistas, de los cuales 54 por ciento ocurrieron en 2013. Resalta que el Distrito Federal es donde ocurrieron 35 por ciento de los casos, lo que la coloca como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo del país; seguido por Veracruz con el 17.4 por ciento, también en los estados de Morelos, Chiapas, Puebla y Oaxaca son considerados los de más incidencia de agresiones contra periodistas.
Cabe destacar que 56 por ciento de las periodistas agredidas en estos dos años eran reporteras cuya edad oscilaba alrededor de los 30 años y de las que 54 por ciento tiene entre uno y tres hijas o hijos, lo que confirma que las reporteras son el eslabón más débil en los medios de comunicación.
Por el tipo de violencia contra las mujeres periodistas, entre 2012 y 2013 se contabilizaron de 39% a 47% de casos de violencia psicológica; entre 20% y 25% de violencia verbal, y entre 17% y 21% de agresiones físicas, siendo el caso extremo el asesinato de Regina Martínez, además de que en 64% de los casos se identificó a servidores públicos de todos los niveles de gobierno como la fuente de la violencia.
