Mario Martell
Intolerancia
La diputada federal Roxana Luna se ha transformado de la noche a la mañana en el ícono de la oposición en contra de las políticas impopulares y medidas que vulneran a los derechos humanos de la administración estatal de Puebla.
Luna lo mismo ha recibido el respaldo de movimientos sociales por su posición crítica, la solidaridad de militantes de otros partidos políticos, como la de Ana Teresa Aranda e Hilario Gallegos, del Partido Acción Nacional (PAN).
La figura de Roxana Luna ha sido criticada por militantes del PRD del grupo de Nueva Izquierda. En especial, por su dirigente estatal, Eric Cotoñeto Carmona, que por la diputada Socorro Quesada Tiempo.
Pero las críticas de los militantes —naturales en el partido de izquierda que se ha habituado a las descalificaciones frontales— no han hecho mella en la figura de la diputada federal, que ha participado activamente denunciado los excesos de la policía estatal en San Lázaro y en la sede del Senado durante la Comisión Permanente.
Luna ha recibido ataques y descalificaciones por parte de sectores del PRD vinculados a la administración estatal.
Esta semana se publicó un desplegado en medios nacionales firmado por 60 consejeros estatales del PRD afines al gobierno del estado, quienes pidieron la expulsión de Luna de las filas del PRD.
La recolección de firmas estuvo organizada por Alejandro McGregor, un perredista que sin presencia en la esfera política y mediática solicitó la salida de Luna del PRD el pasado domingo, durante una rueda de prensa atropellada donde no supo contestar varios cuestionamientos de los medios de comunicación.
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El pasado domingo perredistas encabezados por Alejandro McGregor solicitaron la expulsión de la diputada federal Roxana Luna Porquillo, a quien acusaron de extorsionar a presidentes municipales y hacer declaraciones en contra de instituciones, situaciones que van en contra de la línea de su partido.
Sin embargo, los perredistas no abordaron temas de interés nacional como detenciones de dirigentes sociales y el homicidio del menor José Luis Tehuatlie Tamayo.
En rueda de prensa, al presentarse como consejero estatal del PRD, Alejandro McGregor, anunció que, a título personal y con el aval de que solicitará la comisión nacional de garantías del partido, quería la expulsión de la diputada federal Roxana Luna Porquillo.
McGregor afirmó que Luna ha extorsionado a los presidentes municipales de extracción perredista con el hecho de conseguirles recursos federales a cambio de alguna comisión; ante tales señalamientos, comenzaron las preguntas de los reporteros para que abundara en los hechos, luego de que hace tres meses el dirigente estatal no sustentara sus declaraciones.
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El lunes, Roxana Luna respondió llamado a un pacto por la democracia con los actores políticos estatales.
La legisladora federal señaló que denunciará a McGregor por daño moral debido a la falsedad de sus acusaciones y a que carecen de pruebas.
La diputada federal Roxana Luna Porquillo denunciará por daño moral a Alejandro McGregor, por acusarla de extorsionar a presidentes municipales sin presentar pruebas.
McGregor correrá la misma suerte del dirigente estatal del PRD, Eric Cotoñeto Carmona, que ayer no acudió a la audiencia por el proceso 374/2014, que se le sigue en su contra por el delito de daño moral, en el Juzgado Quinto de lo Civil.
La legisladora perredista propuso a sus compañeros de parido firmar un pacto por la democracia y los derechos humanos en Puebla.
Además, Luna exigió terminar con las campañas negras en su contra para avanzar en una reforma constitucional de participación ciudadana, donde sea el diálogo la manera en que se resuelvan los problemas.
En las últimas semanas, dijo, se ha desatado una campaña de mentiras con las cuales se busca dañar a su persona y actividad política: “Situación que se volvió sistemática a partir de la demanda del movimiento nacional Los de Abajo, en el sentido de que se respete el derecho de los pueblos a ser consultados sobre la realización de mega proyectos, en particular los que se refieren a la construcción del Arco Poniente, la del gasoducto integral Morelos, la conversión de moto taxis en taxis locales, la privatización del agua, la expropiación de tierras, la concentración de los verificentros, la restitución de los Registros Civiles a las juntas auxiliares y la liberación de los 33 detenidos políticos, comenzando por Enedina Rosas”.
Agregó que se ha dado una campaña de desinformación en su contra, porque su actuación ha sido a favor de los pueblos y la mayoría de los poblanos.
Esta campaña tomó más fuerza, sobre todo cuando se constituyó la Coordinación Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos, para lograr la restitución del Registro Civil para las juntas auxiliares y llegó a su punto más crítico a partir de la represión de la policía estatal en contra de la manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, donde se puso en práctica la llamada “ley Bala”.
