FRANCISCA MEZA CARRANZA
La Jornada
El gobernador Ángel Aguirre Rivero aseguró ante el [priista de origen chino] Miguel Ángel Osorio Chong, que no está satisfecho con la reconstrucción de Guerrero porque aún faltan cosas por hacer, pero matizó que están en la ruta adecuada; por su parte, el «funcionario» federal aseveró que todo lo que ha comprometido Peña Nieto, “se está cumpliendo”.
Ayer se desarrolló en Acapulco la cuarta Reunión Plenaria del Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero a la que asistieron, además, los titulares de Sedeso, Salud, Sedatu, Sagarpa, Semarnat, SCT, Conagua, CDI, Fonden y subsecretarios de Educación y Hacienda.
En su discurso de bienvenida, el gobernador expresó que la entidad mostró su fragilidad durante las lluvias de la tormenta tropical Manuel a consecuencia de su miseria. Agradeció nuevamente al presidente de la República y sus dependencias el apoyo y expresó que Guerrero nunca olvidará el apoyo porque no sólo se preocupó por la reconstrucción, sino por tener una visión más allá.
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Sedesol (PRI) entrega a indígenas afectados por tormentas de 2013 (‘Manuel’ e ‘Ingrid’) casas sin cimientos, drenaje y construidas al borde de deslaves
Paris Martínez
Animal
Yuridia perdió su vivienda hace un año, en septiembre de 2013, cuando la acción combinada del huracán Manuel y la tormenta Ingrid derrumbaron las casas y los accesos al poblado indígena conocido como Unión de las Peras, en la Montaña de Guerrero, situación que obligó a esta madre y sus hijos, así como a un centenar más de familias, a refugiarse en un campamento que ellas mismas levantaron, con palos y lonas, en la punta de un cerro.
Nueve meses después de la tragedia, es decir, en julio pasado, Yuridia recibió una pequeña casa de tabique y cemento, de 44 metros cuadrados, construida por el gobierno federal –como parte del programa emergente emprendido por las lluvias del año pasado–, vivienda que, sin embargo, no ha podido ocupar hasta la fecha, ya que la Secretaría de Desarrollo Social la construyó al borde de un barranco que se está deslavando. Un costado de la edificación ha comenzado a hundirse, mientras que el lado contrario se ha levantado del suelo.
Según el documento de entrega de esta vivienda (elaborado en papel membretado de la Secretaría de Desarrollo Social y la Cruzada Nacional Contra el Hambre), las autoridades federales realizaron una “inspección” a esta obra y concluyeron que “se encuentra totalmente terminada y funcionando”, por lo cual, Yuridia fue obligada a estampar su firma junto a una leyenda que reza: “Estoy totalmente satisfecho con el resultado final del apoyo recibido y al firmar acepto de conformidad que los trabajos realizados son de calidad y no tengo observación alguna, por lo cual me abstengo del derecho de realizar cualquier queja posterior”.
–¿Por qué aceptó esta casa, en estas condiciones? –se pregunta a Yuridia.
–Era eso o no tener nada –murmura ella–… aunque al final, me quedé igual, sin nada…
El de Yuridia no es un caso aislado, advierte Noé Bruno, integrante del comisariado comunitario de Unión de las Peras: “Todas las casas que construyeron las autoridades están así, aquí construyeron 81 viviendas (…) la Sedesol construyó estas casas en lugares en donde no había un certificado de factibilidad, y por ejemplo, un grupo de casas se construyeron al borde de un derrumbe grande, y así en todos los lugares donde se ubicaron casas es el mismo problema, hay los deslaves, los derrumbes.”
Tal como se pudo constatar en un recorrido por Unión de las Peras, las 81 viviendas que Sedesol erigió en este poblado se ubican en laderas que actualmente se están deslavando; carecen de cimentación que ancle las construcciones al suelo; no cuentan con barreras que impidan que la tierra que está debajo de las casas se desplace con el agua de las lluvias; además de que no fueron construidas con material térmico, sino con tabicones que absorben la humedad y conservan el frío (en una zona en la que la temperatura baja, la llovizna y la neblina son constantes).
Estas viviendas, asimismo, fueron techadas con láminas de metal que no sólo deja entrar corrientes de aire por sus pliegues, sino que, según los pobladores, se trata de materiales que “va a llevarse el próximo ventarrón”.
Y la lista sigue: la única parte de la casa que cuenta con losa de cemento es el baño, pero en ninguna de las losas se aplicó impermeabilizante, por lo cual el agua de lluvia se filtra y gotea dentro de todas las construcciones; además, sobre estas losas se colocó un tinaco para almacenar agua, que será inútil porque el poblado no fue conectado a ninguna red de abasto de agua entubada.
Por último, ante la inviabilidad de crear una red de drenaje en la zona, los baños de estas construcciones fueron dotados de un sistema de almacenamiento de residuos fecales conocido como biodigestor, y que son tinacos plásticos colocados bajo el nivel del suelo, mismos que, en las 81 viviendas de Unión de las Peras, han emergido a la superficie por el empuje del agua de lluvia que se acumuló debajo suyo, proceso que ha destruido por completo dichos contenedores aún antes de haber sido utilizados.
–¿La empresa constructora contratada por Sedesol se ha hecho responsable por estas deficiencias en sus viviendas? –se pregunta a Noé Bruno.
–No –responde–. La empresa constructora se llama Faysal SA de CV. Y nadie se hace responsable, para ellos la obra está entregada, y para la Sedesol la reubicación está consumada.
Realidades de papel
Como parte de las labores de asistencia en las zonas afectadas por las lluvias del año pasado, la Sedesol del gobierno federal aprobó en marzo pasado la construcción de 6 mil 90 casas para damnificados en todo el estado, con un costo de 120 mil pesos cada una, de las cuales 766 se destinaron a los 19 municipios que integran la región de La Montaña.
Sin embargo, en esta zona de Guerrero habitada mayoritariamente por comunidades indígenas y campesinas, un total de 4 mil 304 familias perdieron su hogar a causa de las lluvias –según el censo elaborado por el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña–, de tal forma que las 766 casas que destinó Sedesol para estas comunidades sólo beneficiarán a 17% de las familias sin techo, y el resto (otras 3 mil 538 familias sin vivienda) no están contempladas en el Plan Nuevo Guerrero.
“Y esto es lo que pasa cuando alguien desde la Ciudad de México diseña un programa de atención a emergencias, sin acudir al lugar donde se está viviendo la emergencia –afirma Román Hernández, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan–, y eso, en sí mismo, representa un acto de discriminación, porque el mensaje que envían a los damnificados es: ‘No me importa lo que necesites, yo, a mil 600 kilómetros de distancia, sentado frente a mi escritorio, en mi oficina, te voy a decir cuáles son tus necesidades’…
“Nosotros escuchamos los informes que rinde Rosario Robles, titular de Sedesol, en los que habla de cuántas casas han construido, cuántos insumos han entregado, cuantos miles de millones de pesos han gastado en la zona, y sí, eso es lo que dicen los papeles que están sobre su escritorio, repletos de cifras, pero esos mismos papeles no registran la otra realidad: la realidad del uso faccioso de los recursos, la forma arbitraria, desorganizada, inútil, en que se invierten y se distribuyen (…)
“Un buen ejemplo de esa situación es la comunidad de Unión de las Peras. Ahí Sedesol construyó casas en un lugar en el que Protección Civil dijo que no se podía, así lo marca el dictamen, que no hay condiciones para que se pueda seguir utilizando ese predio, y aún así, la constructora contratada por las autoridades obligó a los pobladores a que aceptaran la construcción en esos terrenos no aptos, o de lo contrario no recibirían el beneficio”.
Y las autoridades federales, aclara, no son las únicas responsables: “En este mismo poblado, el gobierno del estado se comprometió a comprar un terreno para la reubicación de la escuela primaria, y el convenio es una belleza, porque el gobierno estatal incluyó en una cláusula que la única razón por la que el convenio puede quedar sin efecto, y así lo dice, es que el gobierno del estado no pague el terreno… es decir, el mismo gobierno estatal está previendo romper el convenio, y sí, hasta la fecha no han pagado el terreno, y los niños de la comunidad llevan un año tomando clases en una carpa de lona“.
