Jair García
La Jornada
Empleados adheridos al Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Suitcoabev) acusaron al director del Cobaev, Carlos Aceves Amezcua, y a la dirigente sindical Érika Ayala Ríos de haber desviado por lo menos 30 millones de pesos que debieron haber sido entregados al personal por concepto de prestación temporal compactable.
Señalaron que desde el año pasado se les debió haber pagado dicha prestación, durante septiembre, octubre y noviembre, pero a ninguno de los cientos de empleados se les entregó.
Al solicitar una explicación, el director general Carlos Aceves les respondió que no habían recibido los recursos de la Federación, pero se comprometió a depositarles en cuanto recibieran la transferencia correspondiente.
Sin embargo al paso de los meses y al cumplirse el año, solicitaron una nueva explicación y les indicaron que su dirigente sindical, Érika Ayala Ríos, había acordado que todo ese dinero iba a ser entregado como una donación al propio Cobaev, sin la autorización de ningún trabajador.
Por ello acusaron a ambos de prácticamente haberse apoderado 30 millones de pesos de los trabajadoras de forma ilegal “estamos hablando de un robo y de un desvío de recursos”, refirieron.
Los empleados, quienes se identificaron con credencial que los avala como docentes y empleados administrativos pidieron el anonimato, pues están conscientes que al dar a conocer su nombre de inmediato serían despedidos o les retirarían su carga de trabajo, como suele ocurrir cuando alguien difiere con la dirigente sindical o cuando se exhiben las carencias en los planteles del Cobaev.
“Lo que es un hecho es que ni la maestra Érika Ayala ni el director Carlos Aceves pueden disponer a su antojo de un beneficio que ya se tiene otorgado por ley para los trabajadores, porque nunca se consultó a la base trabajadora, se hace a un lado el derecho de los trabajadores en el sentido de que las prestaciones son irrenunciables”, agregaron.
A la par, durante el presente mes de octubre debieron haber recibido en la primera quincena el aumento retroactivo al mes de febrero, sin embargo les han informado que no se les pagará en el presente año, porque ese dinero será utilizado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC).
“No se vale que atenten contra el sueldo de los trabajadores, porque eso es algo sagrado, así que vamos a buscar manifestarnos durante las competencias, porque es una ilegalidad, además que muchos empleados son obligados a acudir a los eventos que organiza Érika Ayala donde se promueve como candidata a diputada federal”, mencionaron.