REFORMA / Redacción
Cd. de México, México (17 agosto 2014).- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) advirtió que el crimen organizado controla las obras de reconstrucción en varios municipios de Guerrero.
Estos proyectos son para rehabilitar la infraestructura dañada por las tormentas «Manuel» e «Ingrid» en 2013.
Alfredo Adame Arcos, presidente de esa cámara empresarial en el Estado, explicó que el crimen cobra entre 5 y 10 por ciento del costo del contrato.
Además, agregó, renta a las constructoras la maquinaria que se utiliza en los trabajos e indica en qué tiendas comprar el material y con qué sindicato negociar la mano de obra.
«(El crimen organizado) tiene sus propios equipos con el sindicato, ahí es donde tiene el control y ya no puedes negociar con otro sindicato, aunque existan dos o tres en el mismo Municipio», señaló Adame.
A las empresas que se niegan les plagian a empleados o familiares y les roban vehículos, añadió.
La CMIC tiene registro de 33 secuestros exprés a trabajadores responsables de obra.
«Las constructoras son hostigadas y amenazadas de que el trabajo no lo van a ejecutar ellas, sino los mañosos. Entonces, eres el prestanombres para tener el contrato. Es de veras alarmante», señaló.
Ante el acoso, algunas empresas, como Rosam y QyM, se han visto obligadas a irse de Guerrero, mientras que otras prefieren no ejecutar obras en las comunidades de mayor riesgo.
«Concretamente para Tierra Caliente, dijeron: ‘No, denme en cualquier otro lado, menos en la Tierra Caliente. O, si me van a mandar con tanquetas, pues, vamos'», sostuvo Adame.
En municipios como Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Arcelia, Coahuayutla, Quechultenango, Chilapa, San Miguel Totolapan, Teloloapan y Zihuatanejo es donde se han registrado más denuncias.
En Totolapan, una de las obras afectadas fue la construcción de más de 20 viviendas de un contrato por 4.5 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En el Fraccionamiento San Agustín de Acapulco, la reconstrucción de escuelas y de un puente quedó inconclusa debido a las extorsiones del crimen.
De acuerdo con la CMIC, de las 600 empresas que participan en la reconstrucción, al menos 30 por ciento ha denunciado extorsión, aunque hay otras que la padecen sin denunciarla.
«Hay una gran incertidumbre de empresas que no se manifiestan pero al menos yo he tenido llamadas de dos o tres empresas grandes.
«Creí que no tenían ese tipo de problemas debido a la inseguridad pero me dicen: ‘sabes qué Alfredo, no deja trabajar el crimen organizado, llegan a la obra y no dejan trabajar simple y sencillamente'», señaló.
Los constructores hicieron saber esta situación al «Secretario de Economía», Ildefonso Guajardo, durante su última visita a la entidad el pasado 29 de julio.
Sin embargo, dijeron que el funcionario federal les respondió que era un tema que debían plantear a la Segob [claro, al «jefe» de plaza].
