Es una paradoja hablar de «terrorismo de Estado» porque en esas condiciones el Estado ya no existe. Se puede hablar de espuriatos, sicariatos o narcoestados. El concepto de Estado aplicado a México ya no existe desde 2006.
- Los ataques son parte de la escalada de violencia del alcalde: José Sánchez
- En un comunicado, organizaciones dicen que se trata de una política criminal de Los Pinos
- Envía la CNDH personal experto para investigar sobre los hechos de violencia, informan
F. MEZA, R. VALADEZ
R. RUIZ Y L. TAPIA
La Jornada
Luchadores y organizaciones sociales señalaron de manera directa al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, de ser el responsable del ataque y muerte de normalistas de Ayotzinapa, futbolistas y civiles, el fin de semana en ese municipio; lo acusaron de pertenecer a la delincuencia organizada, por lo que pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso.
Acompañados por integrantes de organizaciones sociales, protestaron ayer en el zócalo de Acapulco y mostraron pancartas contra el presidente de ese municipio: “Abarca, asesino de luchadores sociales (narco presidente de Iguala)” y “Alto al paramilitarismo”, entre otras frases.
El abogado de las viudas del caso Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, consideró que los ataques ocurridos la noche del viernes y madrugada del sábado son parte de la escalada de violencia del presidente municipal a quien, recordó, han responsabilizado del asesinato del dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona; dijo que es momento que el caso sea atraído por la PGR y de que el procurador estatal, Iñaki Blanco Cabrera, dignifique su papel con las investigaciones de ese caso.
Dijo que esta vez no piden la desaparición del gobierno estatal, sino del municipal, por lo que darán margen para que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, tome cartas en el asunto y detenga a los responsables materiales e intelectuales, porque el caso no debe quedar impune; dijo que los luchadores sociales son vulnerables porque cualquier “narcopresidente” los puede mandar a asesinar como lo ha hecho Abarca Velázquez.
“El Ejecutivo del estado está señalando que se responsabilice y queremos que se haga, porque después se trastocan las investigaciones y no hay ninguna indagatoria seria, creemos que Iñaki tiene la capacidad para que se detenga a los autores intelectuales y que no se siga protegiendo ya al presidente municipal; consideramos que el narcoparamilitarismo, que llegó para quedarse, va a afectar y puede haber un estallidos social como el que surgió en 1996 con la aparición del Ejército Popular Revolucionario; no queremos envolvernos en ese tipo de situaciones porque al rato los exiliados, los desaparecidos, los perseguidos somos nosotros”, dijo.
El coordinador del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Martínez Cruz, aseveró que el Estado sabe que en Iguala gobierna “un asesino”, lo cual es un secreto a voces en ese municipio en donde han habido asesinatos y desapariciones que la población no denuncia por miedo, sin embargo las organizaciones sociales han pedido que se investigue al presidente por la muerte del síndico, Justino Carbajal Salgado; por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, de la Unidad Popular, pues el sobreviviente Nicolás Mendoza Villa lo acusó de haber dado dos escopetazos a Hernández Cardona.
Terrorismo de estado, afirman
En Atoyac, oganizaciones sociales se sumaron a la condena del ataque sufrido por estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala y exigieron a las autoridades frenar el terrorismo y los crímenes de Estado, así como un alto a la represión en contra del movimiento estudiantil-popular en Guerrero.
En un comunicado, organizaciones como la Organización Campesina de la Sierra del Sur (Ocss); la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos; el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos y la Escuela Normal Indígena de Michoacán, entre otras, protestaron y condenaron los hechos a los que calificaron como una flagrante violación de los derechos humanos y de terrorismo de Estado.
Asentaron que los hechos en Iguala no son fortuitos ni aislados, ya que obedecen a una política criminal diseñada desde Los Pinos, como parte de la guerra de baja intensidad que aplica el gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de desarticular toda voz de protesta y denuncia. “Política criminal que cada día suma más y más víctimas y que ahoga en un baño de sangre al pueblo mexicano”.
Aseguraron que la represión, los asesinatos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las persecuciones y ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, son la carta de identidad del actual gobierno priísta, al que se le suman ahora los gobiernos perredistas como el de Ángel Aguirre Rivero, “que cuentan con el cínico y desvergonzado apoyo de los partidos políticos uncidos al sistema, así como de los diputados y senadores”.
“No olvidamos que el 12 de diciembre de 2011 fueron asesinados otros dos estudiantes de Ayotzinapa, en una acción coordinada de los tres órdenes de gobierno, con sus respectivas fuerzas represivas”, asientan en el texto.
Reacción de jóvenes escritores
Mientras tanto, en Taxco, jóvenes escritores de Iguala y Taxco condenaron la agresión que sufrieron los estudiantes de la normal rural Raúl Burgos de Ayotzinapa y futbolistas de la tercera división del equipo Avispones de Chilpancingo, y señalaron que la única manera de terminar con la inseguridad es a través de la literatura.
Después de presentar sus trabajos en el museo de Arte Virreinal en Taxco, a través de una antología poética denominada Compartiendo Letras, impulsada por la editorial Híbridos, en la que participaron Luciatania Astudillo, Hugo de la Rosa, Gilberto Lugo, Ángeles Medina, Daniel Rosendo y Erick Salgado, el también escritor del colectivo, Everardo Perro Rabioso Martínez Paco, lamentó lo sucedió en Iguala contra la juventud.
Afirmó que la violencia que se suscitó en Iguala el viernes “es un tanto difícil hablar sobre esa situación” y expresó que desde “que empezamos a escribir lo único que no queremos es que no haya violencia o ese tipo de actos dentro de la ciudad”.
Interviene la CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que ya envió a Iguala un grupo de expertos integrado por abogados, médicos y psicólogos, para brindar atención a las víctimas y realizar diversas diligencias con motivo de los trágicos acontecimientos ocurridos la noche del viernes y madrugada del sábado en donde seis personas murieron y 20 más resultaron lesionados a tiros.
En un comunicado, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, ejerció la facultad de atracción y abrió un expediente de queja por los hechos violentos derivados de los ataques a tiros “que desconocidos llevaron a cabo contra diferentes personas”.
El documento de referencia señala que, de acuerdo con la información oficial, agentes de la Policía Punicipal de Iguala, así como un grupo armado no identificado, dispararon sus armas contra estudiantes y otras personas asesinaron al menos a 6 personas e hirieron a otras 20.
Los informes de la institución revelan que los eventos violentos comenzaron cuando la Policía Municipal de Iguala persiguió a tiros a tres autobuses que habían sido tomados por un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en ese estado, lo que dejó varios heridos de bala.
Unas horas más tarde los estudiantes fueron atacados a tiros por un grupo de personas armadas, supuestamente policías municipales, cuando informaban a un grupo de reporteros, en donde murieron dos jóvenes.
