Diana Jiménez
E-Consulta
Para borrar evidencias del armamento utilizado en el operativo de Chalchihuapan, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ordenó desaparecer y alterar los oficios que contenían las listas y las cantidades de los proyectiles para situaciones de barricada que se usaron en el desalojo, uno de los cuales lesionó al menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió 10 días después.
Luego del despido masivo por los exámenes de control de confianza y las detenciones de los seis policías estatales, los compañeros de estos elementos externaron su malestar y denunciaron las irregularidades que hubo tras el operativo que dejó 50 policías y 70 pobladores lesionados el pasado 9 de julio.
Los inconformes —quienes pidieron la gracia del anonimato para evitar represalias— explicaron que días después de los hechos, la dependencia ordenó al área administrativa en Puebla y a los Centros de Coordinación Regionales (Cecores) que destruyeran los documentos que contenían la información de dichas municiones.
«Cambiaron los documentos antiguos para que vieran que no había esas granadas, que es lo que manifestaron a los peritos, que sólo eso usábamos y no es cierto. Teníamos un montón de proyectiles de barricada y se los acabaron en el operativo, ya no tenemos ni uno», relató un policía.
Proyectiles contra barricadas
Los elementos detallaron que, al momento de ser disparados, estos proyectiles no sueltan balas de goma, sino más bien «una especie de pelota bien dura» que lleva dentro y «es utilizada para derribar puertas o romper los vidrios gruesos de los autos».
Además, aclararon: «las balas de gomas son blandas, estos proyectiles son diferentes. Si pegas en la cabeza con ésos, matan».
Los policías consultados y algunas páginas de internet señalan que este tipo de municiones debe ser utilizado por personal entrenado y capacitado y no ser disparado nunca de manera directa o cerca de las personas, de lo contrario puede causar lesiones graves e inclusive la muerte, así como sucedió en el operativo en contra de los pobladores de Chalchihuapan.
Los uniformados mencionaron que, a sabiendas de los riesgos que conllevaba el uso de ese armamento, los mandos ordenaron el desalojo y después del impacto social que esto generó, se les solicitó desaparecer toda la documentación vieja, a fin de que no hubiera pruebas de la existencia de proyectiles penetradores de barricada que, según los oficiales, no son para disolver manifestaciones o para agredir directamente a las personas.
En sustitución de esos oficios, se les pidió que elaboraran unos nuevos en los que sólo se incluyera la información de las granadas de gas CN y CS, a modo de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pudieran comprobar que el equipo con el que cuentan no es peligroso.
Incluso, para que esa documentación pasara desapercibida, se les pusieron sellos y fechas antiguas, pero el único detalle que omitieron fueron las firmas de los funcionarios que en aquellos años eran los encargados de emitir los escritos, lo cual se puede apreciar en uno de los nuevos oficios exhibidos a este medio.
Los denunciantes precisaron que para que estos documentos puedan ser sellados, aun cuando sea para los archivos, forzosamente deben tener siempre las firmas de los encargados.
Piden que mandos también sean sancionados
Los policías consideran que el gobierno estatal pretende deshacerse de todas las evidencias y testigos que pudieran responsabilizarlo por el caso Chalchihuapan. Para ello, además de eliminar pruebas físicas, despidió a muchos de los elementos que participaron en el operativo, empezando por los uniformados que tenían el grado de comandante.
Las 800 bajas de elementos, así como las seis detenciones de sus compañeros, generaron inconformidad y molestia entre los agentes, quienes recalcaron que ellos sólo recibieron órdenes para hacer el desalojo y utilizar los proyectiles que lesionaron y cobraron la vida del niño.
Solicitaron a las autoridades estatales que hagan las investigaciones que correspondan y no dejen el caso en la impunidad, pues dijeron que las consecuencias del operativo también son responsabilidad de los mandos; sin embargo, sólo están castigando a los policías cuando sus superiores deben ser sancionados y/o encarcelados por igual.
