Redacción / Sinembargo
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– El hermano del Gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, quien fuera delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Martín Toranzo Fernández, sorprendió el pasado lunes a los habitantes de esa entidad cuando, en conferencia de prensa, informó que había demandado por presunta extorsión ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a Roberto Naif Kuri, titular de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno de su hermano.
El funcionario estatal dijo que Naif Kuri le exigió el pago de un millón de pesos a cambio de no generar “un escándalo mediático” ante un caso de corrupción en el que se encontraba involucrado. El encargado de la comunicación social de San Luis Potosí habría acusado al hermano del Gobernador de recibir el 10 por ciento de un contrato de obra con valor de 29 millones de pesos. El funcionario federal incluso decidió dejar su cargo, de manera temporal, para ocuparse personalmente del proceso penal.
Sin embargo, este escándalo no es el primero que sale a luz dentro de la administración del Gobernador Toranzo Fernández; otras situaciones han puesto en evidencia la falta de control que el Gobernador tiene en sobre su administración.
EL COSTO DE IMPROVISAR
Entre los más recientes, se encuentra el que involucra a su secretario de Seguridad Pública, Joel Melgar Arredondo, quien contrató como “consultores de seguridad” a varias empresas en el Distrito Federal que nada tenían que ver con el ramo y a la Oficialía Mayor del Estado a cargo de Benito López Lara.
El pasado 30 de agosto, el gobierno de Toranzo Fernández aprobó y contrató, con recursos federales, a un abarrotero, una empresa que vende aparatos eléctricos, una agencia de publicidad, una editorial, una compañía cuyo rubro principal es la venta de telas y una ferretera para que le ofrecieran “servicios de consultoría especializada” en seguridad.
Todos ellos cobraron en el año 2013 al gobierno de San Luis Potosí casi 20 millones de pesos, provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito, en “servicios de consultoría especializada” en esa materia, solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
En los contratos que la Oficialía Mayor del gobierno de Fernando Toranzo firmó con siete empresas de la Ciudad de México, además de datos de directorios de negocios y documentos sobre adquisiciones de dependencias federales y de otros estados, el diario potosino detectó que ninguna de esas empresas coincidía con el propósito especializado requerido por la SSP.
De acuerdo con esos documentos, todos los servicios fueron solicitados por Melgar Arredondo entre el 23 y el 28 de agosto de 2013. Y todos esos documentos fueron firmados por el director general de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, Benito López Lara; signados todos el 5 de septiembre del mismo año. Esas operaciones obtuvieron además el visto bueno de la Auditoría Superior del Estado.
En el reporte de la cuenta pública del año pasado, se señala que la Auditoría Superior aceptó los argumentos ofrecidos por la Oficialía Mayor con la que exentaron las compras del proceso de licitación. Pues señalaron que todas esas empresas utilizaron el método de la adjudicación directa con la cual los proveedores tuvieron “la exclusividad” sobre esos servicios.
Un ejemplo de ello, es la operación que se realizó con la empresa Fernández Educación S.A. de C.V., la cual está registrada como una editorial con sede en la colonia Xoco, de la capital del país, la cual cobró 6.2 millones de pesos. Sin embargo, esa empresa, de acuerdo con Compranet, el portal especializado de proveedores y licitaciones del gobierno federal, se dedica a la elaboración y comercialización de libros, diccionarios y obras editoriales.
Pese a ello, el gobierno de San Luis Potosí le compró a esta empresa servicios de consultoría en “la prevención del delito desarrollando soluciones que permitan resolver problemas complejos y que puedan tener un alto impacto social a través de talleres”.
Estos talleres, de acuerdo con el contrato, se ofrecerían a niños, adolescentes y mujeres de varios municipios del estado para prevenir el uso de drogas, el bullying y la violencia intrafamiliar, de acuerdo con el contrato DGA-CAASPE-co118-AD-026-13.
El contrato DGA-CAASPE-co241-AD-47-13 garantizó, también por la vía de adjudicación directa, a la empresa Gurmy S.A. de C.V. el pago de 3.7 millones de pesos por servicios “especializados” en seguridad, destinados a la reactivación de espacios a través de la creación de talleres de teatro, la proyección de películas, clases de danzón y ritmos latinos y hasta enseñanza de artes circenses
Estas actividades contrastan con el rubro principal de esta empresa que ofrece el directorio digital pek.com: “comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneos”. Además, Compranet revela que ha vendido miles de metros de tela a la secretaría de Marina y al IMSS.
Otras cuatro empresas de diversos ramos, como anuncios publicitarios y hasta refacciones, pasaron por diversos filtros del gobierno de San Luis Potosí y fueron aceptadas para dar servicios a la SSP.
ESCÁNDALO DE HERMANOS
Pero esta semana fue el hermano del Gobernador quien protagonizó el escándalo dentro de la administración estatal. Martín Toranzo Fernández, denunció el pasado lunes al Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del estado, Roberto Naif Kuri, por extorsión.
La acusación que el Secretario de Comunicación Social hizo contra Martín Toranzo, concretamente se trataba de una supuesta intervención a favor de una empresa, que en la denuncia aparece identificada como “Tenco Dream”o “Tekno Dream”, para que ésta obtuviera un contrato de 29 millones de pesos de la Comisión Estatal del Agua (CEA), por lo cual recibiría el 10 por ciento de esa suma. El delegado enfatiza que nunca incurrió en esa acción.
Naif Kuri presuntamente se comunicó con el hermano del Gobernador para decirle que estaba metido en un problema grave de corrupción. Y le propuso “un trato justo”: “que le dé un millón de pesos a cambio de no hacer un escándalo mediático y preservar su condición de funcionario federal”.
Esta controversia finalmente involucró no sólo al hermano del Gobernador sino también a varios funcionarios de su gabinete.
Además, el que fuera delegado de la Conafor, pidió a la Procuraduría Estatal las comparecencias de otros funcionarios del gobierno de Fernando Toranzo; el secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, y del subsecretario de Gobierno de la misma dependencia, Eduardo González Sierra, a los que acusó de tener conocimiento del presunto intento de extorsión de su compañero de gabinete.
Incluso este jueves, Martín Toranzo pidió además la destitución de Cándido Ochoa como secretario general de Gobierno y lo acusó de usurpar funciones.
Aseguró que Ochoa incurrió en usurpación de funciones al “dar por descartada mi denuncia diciendo que yo miento, el señor no es vocero de la procuraduría, a excepción que exista una supra procuraduría y el señor decida la impartición de justicia desde su despacho”.
A que ampliará la denuncia que presentó ya ante la PGJE, para implicar de manera oficial a Cándido Ochoa y a Eduardo González Sierra y que la Fiscalía determine si incurrieron también en responsabilidades penales.
También pidió “un examen toxicológico al señor encargado de la comunicación social del Gobierno del Estado que podrán corroborar con diferentes instituciones de salud, donde el señor ha estado internado para tratarse de su problema de fármaco dependencia”.
Pese al enfrentamiento entre servidores públicos, el cual involucra a su hermano, el Gobernador Fernando Toranzo no ha hecho ninguna declaración
