México, 27 de abril 2019 (NOTIGODÍNEZ).- Rocío Silverio Romero, representante indígena ante el ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, denunció que fue objeto de discriminación por parte del ex «alcalde» priista Apolinar Escobedo Ildefonso, y que el acoso persiste en la nueva administración de Nelly Rivera Sánchez, abanderada por la coalición «Juntos haremos historia» (Morena-PT-PES).
Según el testimonio de la activista, desde que asumió el cargo en 2016 fue tratada con desprecio y nulo respeto por parte de Apolinar Escobedo, quien incluso la mandó a «traer su petate» para acondicionar su espacio de trabajo en el ayuntamiento.
“Después de muchas exigencias, por fin el presidente municipal me dice que me va a dar un lugar, entonces me lleva a un espacio que estaba vacío y me dice ‘pues ahí colócate, tráete tu petate o a ver qué encuentras para que puedas atender a tu gente”, relató a la agencia de noticias Notimex.
Pese a la supuesta transición a un gobierno democrático y auténticamente al servicio del pueblo, Silverio Romero denunció que las prácticas discriminatorias se siguen repitiendo en la gestión de Nelly Rivera Sánchez, alcaldesa de «Juntos haremos historia».
De hecho, explicó la activista, la administración de Rivera contrató a una empresa consultora externa para proveer al personal del ayuntamiento, relegando a los jóvenes indígenas de la zona que, pese a tener excelentes perfiles académicos, son discriminados y se les niegan oportunidades de trabajo.
«El 70 por ciento de la administración está dirigida por gente que no es del municipio y de ahí se deriva mucha discriminación porque esta gente desconoce nuestros usos y costumbres”, denunció.
Rocio Silverio explicó que la figura de representación indígena se formó por decreto presidencial desde el año 2001, sin embargo, en el Estado de México se le dio continuidad hasta octubre de 2015 cuando se abrieron las convocatorias para ocupar los cargos.
Desde que fue electa en 2016, Rocío pudo representar aproximadamente a 70 mil habitantes de Temoaya, todos ellos hablantes de la lengua originaria otomí. Sin embargo, pese a tener el reconocimiento legal como representante, el «presidente» municipal nunca le brindó condiciones propicias para desempeñar sus funciones.
Actualmente, la activista trabaja para exigir que el presupuesto de las comunidades indígenas se destine de acuerdo al número de población.
Con información de Notimex
