¿Será que Obama le tiene envidia por algo?
MÉXICO, D.F., (apro).- Una moción promovida por la Fiscalía ante un jurado federal de Brownsville, Texas, develó que el exalcalde tamaulipeco Erick Silva Santos enfrenta cargos en Estados Unidos por los presuntos delitos de lavado de dinero, fraude bancario y fraude electrónico.
Además, es considerado prófugo de la justicia estadunidense.
Sin embargo, el exedil y exsubsecretario de Gobierno minimizó el escándalo y acusó a una facción del PAN –el denominado Grupo Matamoros– de encabezar el ataque mediático en su contra porque aparece en la punta de las preferencias electorales en esa ciudad fronteriza.
“Es puro chisme, estoy en Matamoros, en mi casa, haciendo mis actividades normales”, dijo, y añadió que “son los panistas que están dando un golpe mediático para distraer lo que está ocurriendo en Matamoros con la alcaldesa Leticia Salazar (cuyo grupo policiaco ‘Hércules’ es el responsable de la desaparición y asesinato de tres jóvenes estadunidenses y uno mexicano)”, agregó en entrevista con el diario El Universal.
Según la investigación que se sigue en Estados Unidos contra Silva Santos, a partir de 2007 utilizó varios esquemas para malversar contribuciones de su campaña por la alcaldía, aceptó sobornos y defraudó fondos públicos de Matamoros.
La misma acusación señala que el exalcalde priista transfirió esos fondos en cuentas bancarias del país del norte a través de depósitos electrónicos.
Presuntamente Silva hizo declaraciones falsas a funcionarios bancarios y presentó justificantes ficticios.
En la misma acusación se establece que utilizó estos fondos para invertir en certificados de depósitos en Estados Unidos y en las Bermudas.
Y aunque Silva no está bajo la custodia de Estados Unidos, una orden sigue pendiente para su arresto.
Este martes, en declaraciones a El Universal, dijo estar tranquilo en su casa, y calificó todo lo expuesto como parte de una campaña difamatoria.
Silva Santos podría pasar hasta 20 años de prisión si es declarado culpable por fraude postal o electrónico, en tanto que por fraude bancario podría recibir hasta 30 años.
