Rosa Rojas
La Jornada (Foto: Cuartoscuro)
México, DF. Las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad indígena wixárika (huichol) de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wautua), Jalisco, denunciaron ante el presidente Enrique Peña Nieto “la irresponsabilidad” mostrada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Jorge Carlos Ramírez Marín y su cuerpo directivo en el caso que su comunidad enfrenta con posesionarios del poblado de Huajimíc, Nayarit, que invaden sus tierras, solicitando su intervención para acelerar la ejecución de “numerosas sentencias que han dictaminado que el derecho nos asiste” y para evitar “que se desencadene una espiral de violencia” cuando los Tribunales Agrarios den la orden de ejecutarlas.
En una misiva entregada en la oficina presidencial, Miguel Vázquez Torres, presidente del Comisariado de Bienes Comunales y Gonzalo García de la Cruz, presidente de la Comisión de Concertación Agraria, explican que la Sedatu, antes Secretaría de Reforma Agraria (SRA), pidió en 2009 a dichos tribunales detener los procedimientos para buscar una solución negociada a través del programa Conflictos en el Medio Rural (Cosomer), pues esa dependencia desde los años setenta ha reconocido, “tanto nuestro derecho como que el conflicto es uno de los más alarmantes del país en cuanto a que se trata de un problema que más allá de lo jurídico es de una alta conflictividad social”.
Con su intervención, agregan, la Sedatu-SRA retrasó el desahogo de juicios durante tres años en que se hicieron todo tipo de estudios de campo y documentales, se firmaron acuerdos tanto por su comunidad como por los posesionarios que invaden su territorio ancestral y no obstante lo anterior, inexplicablemente al llegar la nueva administración “los trabajos fueron abandonados del todo, llegaron a hablarnos de que todos los expedientes estaban perdidos, volvieron a pedir la anuencia de los posesionarios que habían sido entregadas hacía años y finalmente en marzo de este año anunciaron que el caso estaba fuera de la carga de trabajo del Cosomer y están como reiniciando todo”.
Mencionan que esa actuación “dislocó la dinámica de solución construida en esos tres años y provocó un desfase que no existía entre la autoridad jurisdiccional y el Ejecutivo Federal porque las sentencias comenzaron a emitirse, comenzaron a quedar firmes, pero la Sedatu se retiró dejando sin el sustento ni la protección debida la parte que ellos mismos reconocieron e impulsaron para evitar la conflictividad social, desequilibrando con ello al resto de las partes por incumplimiento de su parte del acumulado de compromisos con que se fue construyendo el caso y exponiendo a grandes riesgos la paz y la gobernabilidad; por lo pronto es claro ya el enojo social que no solo nuestra comunidad, sino también nuestra contraparte tenemos ante tanta irresponsabilidad”.
Subrayan que “también el Tribunal Agrario ha emitido numerosas excitativas para que la Sedatu actúe coherentemente ante esta realidad, incluyendo el caso en el programa Cosomer para evitar las tragedias que se pueden desencadenar si se actúa únicamente desde la óptica del derecho. Sin embargo, también ha sido parte en la confusa forma de actuar institucional en que ha incurrido el Estado mexicano, tanto por parte del Ejecutivo federal a través de Sedatu pero cuya responsabilidad primera es suya como Presidente de la República, pero también de los Tribunales Agrarios por no cumplir con sus obligaciones y no ejecutar las sentencias que ya debían habérsenos restituido”.
Por esas razones indican, acuden ante Peña Nieto “en su carácter de Jefe del Ejecutivo federal, pero también como Jefe del Estado mexicano, por lo inútil que ha sido la gestión a otros niveles e intentando que la peligrosa situación de estancamiento sea superada, y para que de no ser así, entonces quede claro que existe incapacidad del Estado para hacer valer el Estado de Derecho y esto es responsabilidad directa del Presidente de la República. A esta posición hemos sido obligados por la omisión cínica y vergonzosa en que han caído los responsables de su gobierno de dar seguridad en la tenencia de la tierra, al haber dejado todo a la deriva, como si esperaran desenlaces trágicos para comenzar a actuar”.
En su misiva, copia de la cual fue entregada a la Sedatu, a la Secretaría de Gobernación y al Representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras dependencias, las citadas autoridades wixárikas demandan que se dé cabal cumplimiento de las sentencias obtenidas en favor de la comunidad indígena wixárika Wautua San Sebastián Teponahuaxtlán y Kuxuri Manuwe Tuxpan, de los municipios de Mezquitíc y Bolaños, en el estado de Jalisco.
Asimismo que se dé un seguimiento puntual e inmediato a los trabajos del Cosomer iniciados por la extinta SRA y a cargo de la hoy Sedatu, “evitando con su intervención que se den ejecuciones que traigan desgracias que serían imputables directamente a la actitud omisa del gobierno a su cargo, además por ser responsabilidad del Estado haber dejado que las cosas evolucionaran hasta la situación actual siendo que cuenta con el conocimiento puntual de las irregularidades en violación a nuestros derechos territoriales”.
Igualmente que el Ejecutivo Federal garantice la condiciones de seguridad para la ejecución de las sentencias expedidas por las instancias judiciales que ordenan la restitución de tierras a la comunidad indígena wixárika Wautua San Sebastián Teponahuaxtlán y Kuxuri Manuwe Tuxpan, de los municipios de Mezquitíc y Bolaños, en el estado de Jalisco.
