Fabiola Martínez
La Jornada
La Secretaría de Gobernación canceló el acceso directo a los archivos sobre la guerra sucia (ocurrida durante los años 70 y parte de los 80) y otros documentos aportados desde 2002 por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Especialistas en archivística advirtieron que si continúa esa tendencia se afectará la investigación de otros episodios históricos, como las desapariciones en el sexenio de Felipe Calderón o el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, por citar dos ejemplos.
Hace 14 años, el gobierno federal decidió abrir los expedientes con el propósito de contribuir a esclarecer hechos del pasado. Diversas instancias aportaron documentos, como el Cisen, dependiente de Gobernación; la Secretaría de la Defensa Nacional y la cancillería.
Con base en esos documentos pudieron aclararse casos como el de Rosendo Radilla, líder social guerrerense desaparecido por militares en 1974, o el de Aleida Gallangos, quien logró localizar a su hermano, cuyos padres y ellos mismos fueron víctimas de la guerra sucia, mediante registros de inteligencia hallados en el Archivo General de la Nación (AGN).
Los expedientes del Cisen y de instancias anteriores (Dirección Federal de Seguridad) podían ser consultados en el AGN.
La búsqueda y el acceso documental eran directos. Sin embargo, ahora ya no es posible, indicaron las especialistas consultadas. “De continuar esa tendencia, en adelante sólo podremos investigar el virreinato y el siglo XIX”, lamentó Susana Zavala, investigadora de archivos públicos.
Es una medida arbitraria porque se niega el acceso a expedientes relacionados con violaciones a derechos humanos, además de que no hubo aviso previo a los usuarios del AGN, el cual es responsable al no oponerse a esa decisión.
Desde hace cuatro años (La Jornada, 28/3/11), María Teresa Dorantes, presidenta de Archiveros Sin Fronteras, sección México, advirtió que la Ley Federal de Archivos era un retroceso en materia de transparencia y contraria al espíritu del artículo sexto constitucional. Al entrar en vigor esa norma, en enero de 2012, alertó nuevamente acerca de los efectos del cambio.
Ahora, comentó, se está haciendo efectivo el artículo 27 y ya no pueden consultarse documentos valiosos, como los relacionados con la masacre del 2 de octubre de 1968.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho referencia a medio millar de desapariciones forzadas durante la guerra sucia. El registro actual de personas extraviadas o desaparecidas indica 226 casos anteriores a 2007 y 742 de antigüedad “no especificada”.
Ahora, las consultas deben hacerse mediante solicitudes de información pública y su obtención podría resultar en textos con datos suprimidos.
El AGN explica en su página electrónica que la Ley Federal de Archivos regula el acceso a documentos históricos con información confidencial. El artículo 27 de esa norma señala que conservará el carácter confidencial por 30 años o por 70 años cuando los documentos incluyan datos personales.
Lo anterior implica “que en dichos archivos se encuentran documentos con información confidencial que aún no se puede difundir ni son susceptibles de acceso”.
Por tanto, agrega el AGN, “para orientar a los archivos históricos en relación con el procedimiento a seguir para una adecuada atención de las solicitudes de acceso a documentos histórico-confidenciales”, remite las consultas al proceso estipulado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y “demás norma aplicable”.
