Martín Hernández Alcántara
La Jornada
Los operadores y colaboradores de las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Zacatepec, acusaron a los «gobiernos» federal y estatal de censurarlas por darle voz a los pueblos y consideraron que el decomiso que la víspera hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) de sus equipos es la continuación de la ofensiva que la «administración» estatal, encabezada por el panista, Rafael Moreno Valle Rosas, desató contra los opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM).
A través de un comunicado, los radiodifusores alternativos expresaron:
“La radio comunitaria de Zacatepec transmitía en el 105.7 de FM, el 16 de julio del presente año cumplió su primer aniversario, y Axocotzin Radio transmitía en el 104.5 de FM desde hace 5 años con 7 meses. Durante este tiempo estas radios se han dedicado a contribuir al fortalecimiento de los lazos comunitarios, a dar información verídica y crítica sobre el contexto político y social, los derechos humanos y en especifico los derechos de los pueblos indígenas, a denunciar el despojo por los megaproyectos en Puebla, en especifico el Proyecto Integral Morelos. Además de apoyar y colaborar directamente con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT).
“Han dado voz a todas las voces de los pueblos de Zacatepec y de Tlaxcalantzingo, han creado el espacio para terminar con la imposición del silencio a todas y todos aquellos que tienen las voces de nuestra cultura, de nuestra música, nuestros recuerdos, esperanzas y nuestra dignidad. La libertad y difusión de la palabra y las ideas son nuestros derechos, no somos delincuentes, no somos ilegales.
“Los que si actúan con la ilegalidad y la violencia son los gobiernos Federal y estatal por bloquear la palabra y el derecho de nuestros pueblos a nuestros propios medios de comunicación. La libre expresión y la comunicación comunitaria es un derecho que tenemos y que el Estado mexicano se comprometió a respetar y garantizar. Con estas acciones se violan nuestros derechos y se continúa con el proceso de hostigamiento, acoso y represión del gobierno de Moreno Valle. Primero detienen a nuestros compañeros Enedina Rosas y Juan Carlos Flores, después amenazan a los pueblos con la presencia de la policía y ejército que custodian las obras del gasoducto y ahora quieren callar nuestra voz”.
