Arturo Rodríguez García
La Jornada
MÉXICO, D.F. (apro).- Exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) son investigados por hechos de corrupción relacionados con el litigio de las tierras donde la trasnacional energética Sempra Energy se instaló en Ensenada, Baja California.
“Lo que nos parece es que ahí, con la intervención de algunos exfuncionarios de la Secretaría, hay una serie de asuntos que están un poco turbios y también los estamos investigando”, aseguró Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Sedatu.
La revista Proceso, en su edición que circula esta semana (1971) informó que el litigio por el terreno que ocupan las instalaciones gasíferas de Sempra Energy concluyó dándole la razón al particular Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien reclamaba la posesión del predio que la trasnacional “compró” en enero de 2006 a una mujer que oficialmente había muerto un año y cuatro meses antes de la firma del contrato, es decir, el 10 de octubre de 2004, de acuerdo con su acta de defunción y su baja de la nómina de jubilados del IMSS.
Entre otros aspectos del caso, el semanario pudo documentar que, por sus denuncias, el individuo fue espiado, presionado, desprestigiado y hasta hubo un intento de secuestro, todo pagado por la empresa energética de origen estadunidense a la que están vinculadas importantes personalidades políticas.
De hecho, las presiones para resolver los litigios de manera favorable a la empresa fueron ejercidas por diplomáticos de alto nivel como John D. Feeley, actual subsecretario del Departamento de Estado, y Alan Bersin, actual subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Bersin, quien hasta hace poco fue conocido como El zar de la frontera, pues era responsable de las operaciones de inmigración, es socio de negocios en los días del despojo de Donald Felsinger, presidente corporativo de Sempra Global, y del exgobernador bajacaliforniano Eugenio Elorduy, pues detentan la propiedad de un desarrollo inmobiliario denominado Silicon Border.
Esos y otros hechos de corrupción han dado pie a diferentes investigaciones en Estados Unidos, mientras que en México esta es la primera vez que se sabe de alguna indagación en un caso que atañe a la trasnacional.
El reportaje de Proceso destaca:
“En diciembre pasado, el Tribunal Unitario Agrario de Baja California emitió la resolución del expediente 7/2013, ordenando a la Sedatu que emita la escritura a favor de Sánchez Ritchie, pero la dependencia de Jorge Carlos Ramírez Marín no ha acatado el fallo”.
Al respecto, Ramírez Marín dijo hoy que la dependencia a su cargo está dando seguimiento al litigio en lo que corresponde a sus atribuciones. Luego añadió:
“Nosotros no somos los defensores de Sempra, únicamente nos interesamos para que se cumplan todas las resoluciones y se respete la propiedad social”.
