Redacción Proceso
MÉXICO, D.F., (apro).- La defensa del fundador de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, llevará a los organismos internacionales de derechos humanos las pruebas que –afirman—demuestran el dolo con el que actuó el Ministerio Público federal en los casos del dirigente ciudadano y de sus tres escoltas.
Salvador Molina Serrano, uno de los abogados, detalló que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), la Relatoría de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para hacer públicas las irregularidades halladas en el proceso.
Por ejemplo, enunció que el día de la detención de Mireles y de sus escoltas, las autoridades ministeriales refieren distintos lugares donde fue detenido, no existe una bitácora de vuelo de traslado, las armas presuntamente decomisadas fueron manipuladas y la supuesta droga que portaban no fue pesada ni registrada.
“Aquí en este caso tenemos tanto pruebas ilícitas como pruebas ilegales, pero la mayor violación o la violación más fragante la constituye el dolo del Ministerio Público, es decir, la intención de actuar con conocimiento de causa” acusó Molina Navarro.
Acompañado de sus colegas Néstor Enrique Luna Ortiz y Talía Vázquez, el litigante afirmó que se manipularon y sembraron armas, no hay concordancia en los tiempos, las actas tienen diversas inconsistencias, como lugares y horas, y tampoco se preservó el lugar de los hechos.
En el expediente, abundaron, hay dos hojas con el membrete de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que señalan dos lugares distintos donde se registró la detención.
En el folio 29 se señala que el lugar de detención fue La Mira, Lázaro Cárdenas, mientras que el segundo, el folio 30, especifica que fue en el poblado de San Antonio de Viña, en Tacámbaro. Entre ambos sitios hay 275 kilómetros de distancia.
Además, en el expediente se consigna que las autoridades les aseguraron “14 armas, un vehículo Jeep Cherokee 2014 y cuatro bolsas de plástico con hierba verde, parecida a la mariguana y una con polvo blanco parecido a la cocaína”, sin embargo, subrayó la defensa, no se especifica el peso, lo que constituye otra irregularidad.
Otra más, señalaron los abogados, está relacionada con el traslado del médico cirujano y sus escoltas tras su detención el pasado 27 de junio. Los tres fueron trasladados desde Lázaro Cárdenas a Morelia, en un helicóptero Black Hawk y según la defensa de Mireles, recorrer los 300 kilómetros que hay entre una ciudad y otras debía haber tomado hora y media, sin embargo el traslado duró aproximadamente cinco horas.
El expediente especifica que el arresto ocurrió a las 18:00 horas del 27 de junio, y que Mireles y sus escoltas fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República a las 20:00 horas del mismo día.
En su declaración el fundador de autodefensas dijo que su aprehensión se realizó entre las 4:30 y 5:00 de la tarde, sin embargo, no es posible establecer la hora de despegue porque el expediente no cuenta con la bitácora de vuelo.
La aeronave aterrizó en la PGJ de Michoacán durante la noche, aproximadamente a las 21:10 horas. Es decir, que el traslado del autodefensa habría tardado unas seis horas.
Al respecto, Molina Navarro afirmó:
“Tengo la certeza que ese tiempo se perdió precisamente en actos de tortura, la tortura no necesariamente tiene que verse reflejada en golpes o lesiones sino también puede ser de manera psicológica”.
Mireles denunció tras su captura que durante su traslado tuvo miedo de ser arrojado al mar.
Molina Navarro sostuvo que “es evidente que las personas armadas no están cometiendo delito” debido a que las armas estaban registradas ante la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y tenían los permisos correspondientes.
El abogado sostuvo que “se debió de haber dictado un auto de libertad por falta de pruebas para procesar, además (ahora) se debe investigar al ministerio público por las torturas y las violaciones al debido proceso”.
En su oportunidad, Talía Vázquez, quien es la encargada de grabar y publicar en redes sociales los comunicados que le hace llegar Mireles, acusó que el Comisionado Alfredo Castillo, no ha cumplido con los acuerdos signados el 14 de abril pasado.
El principal: que se iban a detener los objetivos que se tenían identificados, entre ellos Servando Gómez La Tuta. También, que se iban a trasladar a Apatzingán a los autodefensas detenidos y se iban a dar conclusiones no acusatorias para que quedaran en libertad, y que se iba a salvaguardar a los líderes.
“Ninguna de estas cosas se cumplió”, acusó la abogada, pues continúan en prisión 384 autodefensas, y aun no se atienden más de cinco mil solicitudes para integrarse a la Fuerza Rural.
El Estado mexicano, abundó, ha convertido a Mireles en un “preso político” por incumplir con el acuerdo ya que “no hizo caso del desarme” y tampoco ha cumplido con todo lo que prometió el 10 de mayo pasado.
Por ello, dijo llevarán el expediente de Mireles ante los organismos internacionales de derechos humanos –CIDH, AI, HRW, la Relatoría de la ONU—así como a la CNDH para solicitar su apoyo.
