ROBERTO RAMÍREZ BRAVO
La Jornada
Habitantes y comisarios de distintos pueblos de los bienes comunales de Cacahuatepec acudieron hoy al tercer juzgado de distrito para presentar sus testimonios en el juicio de amparo 469.2014 contra el traslado del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, a un penal de máxima seguridad de Nayarit.
Encabezados por el abogado del centro de derechos humanos La Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, los comuneros se entrevistaron con el encargado del juzgado, Adolfo Barragán Figueroa, a quien expusieron sus argumentos por los cuales consideran que fue ilegal el traslado, y éste les ofreció garantías de que se actuaría conforme a derecho y, si se actuó de manera ilegal, así se trate del gobernador, dijo, la justicia federal amparará al demandante.
En entrevista posterior, al salir de la sede del Poder Judicial de la Federación, Téliz García señaló que externaron al juzgador su inquietud por el traslado, ya que en el expediente contra Suástegui Muñoz no hay elementos que lo justifiquen, ni aparece como necesario en los informes de las autoridades involucradas.
“Los únicos que están alegando que es de alta peligrosidad, son la Dirección General de Reclusorios a través de la SSP, que argumentan que no lo pueden tener en el estado porque es una persona que puede ser agredida por otros internos en el reclusorio. Es básicamente su justificación simple”, señaló.
Inclusive, dijo, el juez décimo penal, Adolfo Vanmeeter, que ordenó la prisión, se negó a autorizar el traslado “porque sabe que no es legal y tenía la suspensión provisional que se otorgó dentro del amparo para que no fuera movido a otro lugar”.
“Nosotros –dijo- confiamos en la justicia federal, sabemos que es un tribunal totalmente imparcial a diferencia del Poder Judicial del estado, que es totalmente parcial a las decisiones del gobierno. Esperamos una resolución donde a Marco lo regresen al estado”.
Por otra parte, señaló que respecto a los otros dos comuneros que están siendo procesados por el mismo caso, se llevan las gestiones para disminuir el monto de la fianza que les fijó el juez, de 146 mil pesos, ya que “es totalmente alta, no está ajustada a derecho”.
