Paula Carrizosa
La Jornada
Sin información oficial, tan solo basados en los rumores y con la sorpresa de que un día, luego de un oficio firmado por la Secretaria General de Gobierno (SGG), les fueron “arrebatados los sellos, los libros y la memoria de los abuelos”, fue como comenzó el retiro del servicio de los registros civiles en las juntas auxiliares del estado.
Ello, lo narraron algunos presidentes auxiliares entrevistados por esta reportera, que calificaron la acción como una forma de “quitarnos identidad, de rebajarnos a simples mandaderos, de no respetar nuestros usos y costumbres”.
Ayer, minutos antes de la movilización que encabezaron ediles y habitantes de diversas juntas auxiliares de Puebla para exigir al gobierno estatal que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas el regreso del servicio a sus comunidades, los ediles auxiliares contaron la forma en que fueron “aplicadas” las reformas a la Ley Orgánica Municipal.
Esteban Albino Miranda, presidente auxiliar de Tlamaya, comunidad ubicada en el municipio de Tlapacoya, señaló que en su caso no supo de los cambios hasta el 1 de junio, ya que ninguna autoridad municipal o estatal le dio alguna explicación de las reformas.
“Nosotros, al principio, cuando anduvimos en votaciones, no supimos lo que vendría. Todo fue secreto, pese a que los anteriores encargados del municipio ya tenían conocimiento”, dijo.
Recordó que pasó un mes completo –desde que entró en funciones– para que le hicieran llegar un oficio firmado por la SGG, en el que le pedían que entregara “los libros y los sellos”, ello sin ninguna explicación. “Llegó el presidente municipal y él sabía a lo que iba, mientras nosotros no estábamos preparados, ya que todo se conocía por pláticas entre la gente, por rumores solamente”.
Para Esteban Albino Miranda la decisión de retirar el servicio de las juntas auxiliares afecta a muchas personas, a quienes le solicitan actas de nacimiento o se quieren casar, y a ellos mismos, a quienes dejaron sin trabajo. “Nos están degradando, estamos dejando de ser funcionarios para ser simples inspectores, miembros de un ayuntamiento que muchas veces también es lejano a las necesidades”, concluyó.
Por su parte, José Salomón Pacio Grande, edil auxiliar de San Martín Tlamapa, acusó que “el gobierno está siendo cruel, está demostrando su falta de educación y conocimiento” sobre la forma en que funcionan las cosas en las comunidades.
“Llegaron a quitarnos los sellos, a tomar de mala forma las instalaciones que ellos mismos nos entregaron. Fue el 11 de junio, y nos informamos a través de un comunicado de la SGG, en el que se indicaba la entrega del registro civil”, mencionó el participante de la marcha.
Recordó que luego de aquel hecho, de manifestar su descontento y exigir la restitución del servicio, el titular de la secretaría, Luis Maldonado Venegas, les dijo “que era sencillo”, opinión que contrastó con la emitida por el mismo funcionario durante el encuentro ocurrido esta semana con un grupo de ediles, cuando les planteó que la derogación de las reformas no era posible.
“Para mí es cuestión de voluntades, de saber que cualquier ley se puede derogar sí hay el propósito. Para nosotros es bien sencillo: pedimos que nos respeten y se respete también el código civil, que nos dejen seguir siendo jueces. Ellos –el gobierno estatal–, dicen que hay errores y anomalías en los documentos que entregamos las juntas auxiliares. Incluso Maldonado en la pasada reunión mostró documentos apócrifos de un registro de Zacatlán que tenía un sello de la capital, y eso es algo extraño”.
Pacio Grande agregó que ya son unos 160 presidentes auxiliares los que se han sumado en la exigencia de la devolución del servicio, porque dijo, “es como si tu padre te dejara una herencia y llegara alguien, y sin explicaciones te la quitara”.
Por último, otro de los ediles auxiliares entrevistados, Humberto Huesca Olmedo, de Santa Ana Necoxtla, en el municipio de Epatlán, coincidió que no supieron del retiro de las juntas auxiliares sino hasta antes de junio, ya que los funcionarios salientes no les comunicaron de los cambios ni de las reformas a la ley.
“Lo único que ha causado esta decisión son limitaciones. Lo único que quieren es que seamos los mandaderos de los presidentes municipales, ya no con un carácter autónomo sino de ayudantes”.
Huesca Olmedo mencionó además que el agravio se extiende hacia su identidad, ya que las comunidades son antiguas y poseedoras de una rica historia cultural, que se refleja en sus documentos, en sus libros que les fueron “arrebatados”.
Por último, y apoyado por los vecinos que lo acompañaron, el edil auxiliar dijo que a partir del suceso de San Bernardino Chalchihuapan ocurrido el 9 de julio pasado, “el miedo acabó porque defendemos nuestra historia, porque nosotros no somos cobardes como él –en referencia al gobernador Rafael Moreno Valle–, porque nos tocó nuestra dignidad y nos faltó al respeto en nuestro usos y costumbres”.
