Giovanni Góchez
E-Consulta
Santa Clara Ocoyucan, Pue.- Cada vez que entra y sale de su pueblo, Elia Tamayo se encuentra con el rosto ensangrentado de su hijo. Una lona en la entrada principal de San Bernardino Chalchihuapan, muestra a José Luis Tlehuatle pocos minutos después de haber caído herido durante el enfrentamiento entre pobladores de juntas auxiliares y granaderos de la Policía Estatal, ocurrido el 9 de julio.
El niño de 13 años regresó muerto a su casa, y desde entonces los habitantes de esta junta auxiliar saben que la vida les cambió.
Isaac Tecalero tiene un puesto de tacos en la plaza principal, justo enfrente de las oficinas de la presidencia. Recuerda que la protesta en la autopista Puebla – Atlixco fue para exigir el regreso a la comunidad de las oficinas del Registro Civil, porque hacer los trámites en la cabecera municipal no sólo les quita tiempo, también dinero.
“El propósito era que se hiciera caso, no hubo transparencia para platicar y dialogar, se nota que es una injusticia”, afirmó.
Aunque él y su esposa aceptan que no conocen a la familia del menor fallecido, explican que en ese lugar todos comparten una pérdida luego de esos hechos.
El día que se apagó la voz de Martín
Dentro de un cuarto con puertas y ventanas cerradas se encuentra José Martín Romero Montes.
Un gorro con orejeras le cubre gran parte de la cabeza, luego de que un proyectil le abrió un hoyo en la mejilla derecha que le dañó la mandíbula. Hoy incluso el viento le provoca dolor.
Sus palabras se escuchan a través de su yerno Nicolás Océlotl Romero, porque las dos operaciones a las que fue sometido y el proceso de curación lo han dejado sin habla.
Afirma que las lesiones recibidas hicieron que en el Hospital General de Cholula y una clínica de salud de Chipilo le negaran la atención, “porque estaba muy grave” y ahí no podían curarlo.
Desde entonces, su familia -integrada por esposa, 5 hijos y 25 nietos-, sufre no sólo por la preocupación de las secuelas, también por los gastos médicos que ascienden a cerca de 250 mil pesos que han pagado solos.
Cuando despertó su vida era distinta
“Fue mal momento que fuimos”, acepta Hugo Jiménez Varela quien esconde bajo unas gafas oscuras el ojo izquierdo del que perdió la vista luego de haber sido golpeado por algo lanzado en la trifulca entre policías y pobladores.
Con tres hijos pequeños, se siente discapacitado a sus 26 años de edad, quizás porque se gana la vida como cantante y animador en fiestas.
Algunas veces durante el día, su esposa llora con el recuerdo de lo ocurrido cuando regresaban de una junta escolar con su niña y quedaron atrapados en medio de los uniformados y la manifestación.
Él sólo tiene imágenes de la forma en que intentaba poner a salvo a su familia hasta que algo lo golpeó. Después no supo más.
Trae muchos cargos, no se la va a acabar
Félix Montes Xelhua tiene 48 años de edad. Hombre de pocas palabras, acepta ser quien estuvo encarcelado por, supuestamente, haber agredido a la policía.
“Yo no he hecho nada, fui al trabajo; entonces me decían: cállate cabrón”, repite constantemente cando es cuestionado sobre lo que le ocurrió.
El campesino afirma que lo detuvieron antes de que comenzaran los golpes, justo cuando regresaba de trabajar en su terreno. Entonces, afirma que los uniformados lo amenazaron.
“Trae muchos cargos, no se la van (sic) a acabar”, son palabras que resuenan en su mente.
Durante tres días estuvo en los separos de la Procuraduría General de Justicia, antes de ser llevado al penal de Cholula.
En su tiempo de cautiverio, afirma que recibió la visita de la diputada federal e integrante de Antorcha Campesina, Soraya Córdova, quien le llevó una lista de cerca de 50 personas para que las señalara como participantes del conflicto.
-No, yo no sé nada, le contestó.
-Como no quieren explicar quiénes son las personas, se van al Cereso, fue la respuesta que recibió.
Hoy se encuentra libre luego de haber pagado una fianza, pero cada lunes tiene que acudir a firmar al penal para comprobar que no ha escapado a su proceso.
Una comunidad dividida
Cerca de 6 hombres platican a un costado de la iglesia de San Bernardino, están alejados de toda la efervescencia desatada tras la muerte del niño José Luis Tlehuatle y el operativo de la Policía Estatal. Ellos son los integrantes de Antorcha Campesina.
Acceden a hablar y lo primero que hacen es desmarcarse de “esos panistas y perredistas”, en clara referencia al presidente auxiliar Javier Montes Bautista, apoyado por Los de Abajo, organización cercana a la diputada federal por el sol azteca, Roxana Luna Porquillo.
Mientras afirman constantemente que son mayoría (en un pueblo con cerca de 4 mil habitantes), acusan al grupo del edil subalterno de ser el responsable de los heridos y el pequeño muerto.
“Nosotros le explicamos bien a nuestra gente como está la situación, que un decreto (para quitar a las juntas auxiliares, las oficinas del Registro Civil) no se puede tumbar con una marcha o con una manifestación”, destaca Jorge González Cabrera, activista de Antorcha.
Y como muestra de buena voluntad, explica que consiguieron una oficina para expedir actas de nacimiento y de defunción con la aprobación del edil de Santa Clara Ocoyucan, Francisco Simarrón Ocotoxtle, quien es parte de su organización.
-¿Y le dan el servicio de Registro Civil a cualquiera, sin importar el grupo?
-La gente contraria no viene, pero tienen el servicio para todos, asegura.
A punto de terminar la conversación, los antorchistas recuerdan que Pedro Crisóforo Montes, papá de Montes Bautista, se encuentra en la cárcel consignado por delitos contra la salud, de ahí el costo de la campaña de su vástago para conseguir el puesto.
En la presidencia auxiliar se encuentra Araceli Bautista, esposa de Crisóforo Montes y mamá de Javier Montes, quien es informada sobre la conversación de los antorchistas con los reporteros, por lo que a la primera oportunidad aclara el rol que tuvieron en la protesta.
“Ellos sólo nos veían con binoculares desde el otro extremo de la carretera, si a alguien le debemos todo esto es a ellos”, dice mientras trata de mantener la calma.
Recuerda que trataron de amedrentar a los asistentes con un “no vayas porque los van a matar”.
Las quejas contra ellos son muchas, pero la que más le duele tiene que ver con el cierre de la iglesia de Guadalupe, que Antorcha Campesina mantiene desde hace tiempo.
En ese momento, “la señora Cheli” sale urgentemente de las oficinas donde ayuda a su hijo, y desde las escaleras grita: “Y si les dijeron que mi esposo está en la cárcel es cierto, pero está ahí porque ellos lo metieron”.
