Alberto Acosta
Reforma
Cd. de México (21 agosto 2014).- Primero fue el PRI, y ahora será el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) quien exonere a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
El ex dirigente priista y su partido librarán las acusaciones de desvío de recursos relacionado con la red de prostitución que presuntamente tenía a su disposición el político capitalino.
Así lo determinó la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) del IEDF en un proyecto de resolución que será sometido a consideración del consejo general el lunes.
Tras investigar los hechos que denunció en abril el PRD local, en el proyecto de resolución, del que REFORMA tiene copia, se establece que las pruebas aportadas por los perredistas no son suficientes para concluir que hubo tal desvío de recursos.
El documento establece que la denuncia partió de un reportaje de MVS –en el que se exhibió la forma en que operaba el reclutamiento de edecanes contratadas presuntamente por el partido para brindar servicios sexuales a Gutiérrez de la Torre-, pero que la UTEF realizó sus propias diligencias.
El órgano electoral investigó los nombres de las personas que pagaron por los anuncios del periódico en los que se solicitaba a edecanes para ofrecer servicios en instancias gubernamentales (oficinas del PRI-DF) y cruzaron los datos con la plantilla laboral del partido en la Ciudad.
Sin embargo, aclara, no encontró relación entre quienes pagaron los anuncios y trabajadores del PRI.
La UTEF confirmó la contratación de personal femenino para ofrecer servicios en el PRI local, pero no encontró elementos que corroboraran que dicho personal haya sido utilizado para realizar labores distintas a las que el partido tiene encomendadas como entidad de interés público.
«Por todo lo anterior, esta autoridad estima que no cuenta con elementos suficientes para determinar la responsabilidad tanto del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, así como tampoco del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal por culpa in vigilando, respecto del uso de recursos de financiamiento público para actividades diferentes a las que tiene encomendadas como entidad de interés público», se concluye.
El documento fue avalado la semana pasada por la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral, encabezada por el consejero Juan Carlos Sánchez e integrada también por Mauricio Rodríguez y Martha Almaraz.
