MARGENA DE LA O
La Jornada
Chilpancingo, 23 de agosto. Defraudados de financieras Coofia y Productos Amor, marcharon en dos frentes en reclamo de un convenio con el gobierno del estado para que les restituyan su dinero ahorrado, que en total, por más de 40 mil personas, alcanza los 2 mil 500 millones de pesos.
Los contingentes partieron de dos puntos de manera simultánea: uno salió de la autopista del Sol, del punto conocido como Parador del Marqués, y el otro de El Caballito Estela Bicentenario, cerca del centro de la ciudad; ambos grupos convergieron cerca del Congreso local, en dirección al salón Pepes, donde organizaron una asamblea para determinar las siguientes acciones: ir al Senado la siguiente semana en la misma búsqueda.
El fraude contra las 40 mil personas comenzó en 2006; la mayoría son indígenas de la Costa Chica y La Montaña, pero también hay de Tierra Caliente, Centro y Costa Grande; 22 municipios en total. “Guerrero no cumple”, fue la consigna de la marcha.
El abogado Jaime Alvarado, presidente de la Alianza en defensa de afectados por financieras en el estado, informó que irán al Senado en la búsqueda de solución. Denunció que el clero y políticos que aspiran a un cargo de elección popular, entre ellos el senador perredista Sofío Ramírez Hernández, permitieron el fraude.
Informó de las cifras del fraude: 19 mil familias engañadas por las dos financieras que se aprovecharon de que en sus comunidades no hay bancos. Interpusieron 20 mil querellas ante el Ministerio Público del fuero común, proceso que, en el caso de financiera Coofia, comenzó en 2006. Tan sólo de Productos Amor son 35 mil afectados, a quienes les deben en suma mil 800 millones de pesos.
Recordó que existe un convenio firmado en 2013 con los gobierno estatal y federal, según el cual 4 mil 553 familias serían apoyadas. Teódolo Espinosa Aguilar, presidente de Productos Amor, y Valente Medina Seoane, presidente de Coofia, son los principales implicados.
“Hay un fideicomiso, el gobierno federal el 70 por ciento y el estado 30 por ciento. El 14 de junio del 2014 nos reunimos con Jesús Martínez Garnelo (secretario general de Gobierno), quien prometió que vería el asunto con el área de Finanzas y Contraloría, pero nos engañó, porque no ha hecho nada”, se quejó.
