REFORMA / Redacción
Cd. de México, México (26 agosto 2014).- La Procuraduría capitalina (PGJDF) se dispone a dar «carpetazo» a la investigación contra Mauricio Toledo, Delegado de Coyoacán, acusado de tratar de extorsionar con 1.6 millones de pesos a una inmobiliaria del empresario Gazi Nacif.
Esto al considerar que no hay elementos para acreditar que se cometió un ilícito.
Conforme a documentos oficiales, el fiscal responsable de la averiguación previa FSP/B/T1/0411/13-12 determinó la consulta de no ejercicio de la acción penal, propuesta que, de prosperar, tendrá como consecuencia el archivo definitivo del expediente.
«Atendiendo a los hechos denunciados, los medios de prueba aportados y valorados en la averiguación previa, hasta este momento son insuficientes para acreditar que se cometió el hecho ilícito y, consecuentemente, en concepto del suscrito resulta procedente la propuesta de no ejercicio de la acción penal», dice el documento fechado el pasado 8 de agosto.
Clemente González Miranda y José Gómez Fernando, MP y oficial secretario de la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos, remitieron a sus superiores dicha propuesta para su valoración. Si la aprueban, el caso será cerrado.
Esta indagatoria corresponde a la denuncia pública que realizara Rodolfo Reus, abogado de la inmobiliaria 3GZN Arquitectura, propiedad de Gazi Nacif Borge, responsable del condominio Torre Céfiro 120, Colonia Insurgentes Cuicuilco.
En febrero de 2013, REFORMA difundió las conversaciones por mensajería instantánea de Blackberry, en las que Toledo exigía al litigante 800 mil pesos adicionales a una suma similar que supuestamente ya había acordado.
En su momento, Reus dijo que el dinero era para no clausurar la obra y autorizar la instalación de 51 cabinas con internet gratuito y pantallas LED que venderían publicidad.
Nacif y el abogado no presentaron una denuncia, pero sí lo hicieron Isabel Priscila Vera y Édgar Borja Rangel, diputados panistas de la Asamblea Legislativa (ALDF).
Según el documento de consulta de no ejercicio de acción penal, la PGJDF pretende archivar el caso porque tanto Reus como Nacif rechazaron ante el MP inculpar al delegado, dijeron desconocer la extorsión e incluso pidieron que el caso fuera cerrado sin señalar responsables.
El otro argumento en que se basa esta propuesta, es que la PGJDF pidió a Radiomóvil Dipsa (Telcel) y a Blackberry la transcripción de las conversaciones sostenidas entre Toledo y Reus del 1 de febrero al 15 de marzo de 2013.
La primera respondió que eran datos propios de la empresa canadiense y esta última dijo que sus oficinas en México únicamente eran de mercadeo, que los mensajes no se almacenan en los servidores de la compañía, ni en Canadá ni en las filiales de ningún país.
La PGJDF puntualiza que, si archiva el expediente, los diputados denunciantes no podrán recurrir al amparo para oponerse a su decisión, debido a que aquellos no tienen ningún interés jurídico en el caso.
