Martín Hernández Alcántara
La Jornada (Foto: José Castañares / La Jornada)
El Comité Ciudadano en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua de San Buenaventura Nealtican denunció que ayer descubrió que la empresa de origen italiano Bonatti ha marcado con estacas una ruta para trabajos del gasoducto que considera el Proyecto Integral Morelos (PIM), la cual no estaba considerada en los planos que originalmente mostró la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los pobladores de dicha zona.
Las marcaciones se ubican al norte del municipio volcanero, en una zona conocida como Hacienda San Carranza.
Por esa razón la organización advirtió que desde hoy, “muy temprano”, un grupo de labriegos se dará a la tarea de recorrer todo el territorio de San Buenaventura a fin de poder detectar e impedir que maquinaria pesada ingrese, como lo hizo el pasado lunes, y viole la suspensión provisional ordenada por el Juzgado Primero de Distrito.
El descubrimiento de las estacas hizo que los vecinos pospusieran la visita que harían ayer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ampliar la queja interpuesta por los abusos que ha cometido la Comisión Federal de Electricidad y las empresas contratadas para edificar el gasoducto Morelos.
Por lo pronto, desde el lunes, unas horas después de que detuvieron a la maquinaria de Bonatti, que invadió terrenos y destruyó cultivos de chile y frijol en San Jerónimo Tecuanipan, el Comité Ciudadano en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua de San Buenaventura Nealtican urgió al Juzgado Primero de Distrito a agilizar la revisión sobre el amparo que impide a las empresas interesadas proseguir con la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM).
En su recurso acusaron que la compañía italiana Bonatti SPA ha hecho caso omiso de la suspensión provisional ordenado por la autoridad judicial federal a raíz del juicio de garantías.
El representante legal del juicio de garantías, Fernando Cuéllar Muñoz, presidente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro AC, explicó la serie de irregularidades que ha tenido el proceso, por ejemplo, que al turnarse el asunto a una sala, ésta determinara echar atrás la suspensión provisional, razón por la que los vecinos han solicitado la revisión del asunto.
Otra anomalía, explicó Cuéllar Muñoz, es que el Ministerio Público federal, lejos de asumir la postura de Representante Social a la que lo obliga la ley, parece estar de parte de la CFE, pues ha pedido el sobreseimiento del juicio.
En todo caso, dijo el defensor de derechos humanos, lo que se está solicitando únicamente es el acatamiento de la ley y si a los impulsores del gasoducto les asiste el Derecho, como presumen, tienen que hacer valer esa garantía de manera formal: “No pueden llegar nada más y decir quítate que ahí te voy”, remató.
