Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Al acusar al gobierno estatal de mostrar falta de voluntad para atender las demandas de los pobladores de las Juntas Auxiliares, la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) anunció que tramitarán un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en defensa de los derechos de sus comunidades.
En rueda de prensa, José Salomé Pacio, edil adjunto de San Martín Tlamapa, recalcó que casi la totalidad de las localidades que fueron afectadas por la reforma a la Ley Orgánica Municipal que promovió el gobierno de Rafael Moreno Valle son reconocidas como comunidades indígenas, sin embargo, no se respetó su derecho a ser consultadas.
La reforma que promovió el gobierno de Moreno Valle incluye, principalmente, retirar a los presidentes auxiliares atribuciones como jueces del Registro Civil y concentrar las oficinas de ese servicio en las cabeceras municipales.
Los ediles auxiliares han advertido que este cambio implicaría la inminente desaparición de las Juntas Auxiliares, cuyos representantes no son elegidos por el sistema de partidos, sino por voto de los pobladores, que se rigen en usos y costumbres de las comunidades indígenas.
Luego de reunirse con el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y un grupo de diputados panistas, los ediles se quejaron de que en lugar de buscar una solución a la problemática que han planteado, lo que se pretende es dar largas al conflicto.
Debe destacarse que esta problemática, que no fue atendida en su momento por el gobierno poblano, dio origen al bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco el miércoles 9 de julio por habitantes de San Bernardino Chalchihuapan y a la aplicación de la llamada “ley bala” para desalojarlos.
El uso de armas supuestamente no letales por parte de los elementos policiacos derivó en la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años.
“Más que escucharnos (los funcionarios y diputados) fueron a la reunión casi casi nada más para probarnos, para ver si estamos en conocimiento de las causas que estamos pidiendo”, denunciaron los inconformes.
Uno de los ediles, Jesús Suárez, de Santa Ana Necoxtla, se quejó de que incluso el diputado panista Jorge Aguilar Chedraui lo hostigó cuando reclamo de que no hayan tomado en cuenta a la población para aprobar la llamada “ley bala”.
“Este amigo me dice que qué le quita o qué le pone, me dice que la ley bala no es mala, pero yo le dije ‘quítala, ¿qué no ves que ya hubo un muerto y muchos heridos?’”, reviró al legislador.
Luego recordó que los efectos de esa ley no sólo se vieron en Chalchihuapan, también contra pobladores de Juntas Auxiliares de Tehuacán, aunque ellos no denunciaron.
“A nosotros nos quieren desaparecer como comunidades, no conocen Puebla, ellos piensan que Puebla es sólo la capital”, fustigó para enseguida señalar que “nosotros estamos luchando por algo digno para nuestros pueblos y ellos detrás de un escritorio sólo están decidiendo este tipo de cosas, quieren provocar una revolución, porque no consultan antes las necesidades de los pueblos”.
Un edil más, identificado como Pacio, dijo que increpó al mismo diputado: “Si tanto defiendes la ley bala, pruébala en ti, para que veas”.
Además, denunció que el gobierno del estado no ha dejado de recurrir a tácticas para desarticular el movimiento y que prueba de ello es que a la reunión que sostuvieron este día negaron el ingreso a 12 ediles auxiliares que viajaron desde la región de Tehuacán, porque llegaron tarde.
Javier Montes Bautista, edil adjunto de San Bernardino Chalchihuapan, señaló que entre más se tarde el gobierno estatal en resolver la problemática de las juntas auxiliares, más ediles se sumarán a la causa.
Incluso, recordó que el movimiento inició con el apoyo de 70 ediles y que ahora ya suman 175 en resistencia, mismos que participarán en una nueva movilización que llevarán a cabo del 18 de septiembre.
Pacio advirtió que el gobierno no dimensiona con seriedad el conflicto que provoca con los cambios legislativos que promovió, porque en lugar de atender y resolver, lo que busca es cansar.
Asimismo, sostuvo que lo que no está midiendo el gobierno de Moreno Valle es que los pobladores de las comunidades son los que reclaman a sus autoridades que defiendan esas causas.
“La gente ya incluso nos dice que la próxima vez que nos manifestemos, que ya no vengamos sólo a marchar, que pasemos a otras acciones”, alertó.
En el pliego petitorio que presentaron al gobierno estatal, las comunidades inconformes incluyen, entre otras demandas, el cese a la represión y libertad a los “presos políticos”, que se retire la orden de aprehensión contra el presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, y se entreguen recursos directos a las Juntas, aparte de que se consulte a las comunidades ese tipo de cambios.
