- Han declarado más de 30 funcionarios, informó el procurador Iñaki Blanco
- Se indaga aún el caso de otorgamiento de licencias de construcción en zonas inundables, dice
HÉCTOR BRISEÑO
La Jornada
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, informó que se ha reunido la declaración de más de 30 funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, para determinar si en el otorgamiento de licencias de construcción en zonas que se inundaron con los meteoros Ingrid y Manuel el año pasado, existen responsabilidades de carácter municipal y estatal, o en su defecto federal, y turnar el expediente a la Procuraduría General de la República, en caso de determinar el principio de conexidad.
El procurador estatal calificó de compleja la investigación realizada para deslindar las presuntas responsabilidades en ese caso.
Blanco Cabrera puntualizó que “se trata de un asunto por demás complejo, abarca un periodo de tiempo considerable”, y enfatizó que no se trata de una indagatoria de dos o tres años a la fecha, sino “de muchos años atrás”.
Explicó que la PGJE ha recurrido a peritos en la materia para determinar las posibles responsabilidades.
Manifestó que “en este momento no podríamos señalar quién es o no un indiciado, estamos en una fase de investigación; han declarado un buen número de personas o testigos; muchos más de 30; van a seguir declarando un buen número de personas”.
Recordó que derivado de distintos hechos y lo publicado en diversos medios a raíz de la tormenta Manuel, en septiembre de 2013, la PGJE inició un acta administrativa que posteriormente se elevó al rango de averiguación previa, además de que el subsecretario de protección civil estatal, Constantino González Vargas, inició una denuncia de hechos.
Precisó que “la PGJE ha solicitado información a diversas autoridades o instancias, federales, estatales y municipales, relacionada con la expedición y otorgamiento de permisos de construcción y cambios de uso de suelo en distintas partes de la ciudad y puerto de Acapulco”.
Abundó que “hemos reunido información diversa, hemos tomado un buen número de declaraciones ministeriales sobre personas que en su momento se desempeñaron como funcionarios en los distintos ámbitos de gobierno, para determinar si las zonas afectadas por el fenómeno meteorológico son zonas protegidas, y a qué instancia corresponde conocer del caso”.
Otras investigaciones
En otro caso, Blanco Cabrera confirmó el hallazgo de dos trabajadores federales muertos en la carretera federal México-Acapulco, en un punto cercano al poblado de Venta Vieja, municipio de Acapulco, quienes se encontraban desaparecidos desde el 9 de septiembre.
Expresó que “es personal de la Policía Federal Ministerial, PGR, sus nombres son Salvador Morán Bernard y Cristóbal Rogelio Hernández Dorantes. Estamos actuando de manera coordinada con la Procuraduría General de la República, dada la calidad de servidores públicos federales de dichas personas”.
Detalló que autoridades trabajan en establecer si ambos estaban en funciones, lo cual es muy probable, por lo que turnará el caso a la PGR.
Expresó que fueron asesinados por impactos de arma de fuego en cara y cabeza, y en el lugar, fueron localizados cinco casquillos nueve milímetros.
En referencia a la investigación por el asesinato del político perredista Armando Chavarría Barrera, Blanco Cabrera indicó que el ex procurador Alberto López Rosas ya fue citado a declarar, al igual que varios de sus colaboradores durante su gestión, entre estos, un agente del Ministerio Público, dos ex fiscales, un ex coordinador de asesores y un sub procurador.
En conferencia de prensa, el procurador de Guerrero informó que la PGJE estatal detuvo a tres sujetos durante la primera semana de septiembre, pertenecientes a la banda de Los Nájera, quienes participaron en 15 secuestros, entre estos, un funcionario federal, tres servidores públicos estatales, un funcionario municipal y una profesora de primaria.
Blanco Cabrera señaló que los tres detenidos reconocieron su participaron en los hechos, y en ocho secuestros cometidos en Chilpancingo y siete en Acapulco, por lo que el pasado 11 de septiembre les fue decretado formal prisión por secuestro agravado.
