Norma Trujillo Báez
La Jornada
Los pobladores que viven en Balzapote saben que su roca es importante para preservar su medio ambiente, para protegerlos de inundaciones, pero sus necesidades son muchas y ante el abandono en el que los ha tenido el gobierno estatal, la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) los ha convencido de que accedan a vender sus hectáreas; ofrece a los ejidatarios pagar 12 pesos con 50 centavos el metro cúbico de roca, fuentes laborales para los pobladores, construcción de una escuela, un salón de usos múltiples y caminos.
Balzapote está dentro de la reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, forma parte de una muralla natural de basalto, sobre la que nacen frondosos árboles que son el hogar de decenas de tucanes, saraguatos, osos hormigueros, loros, monos araña y otras especies en peligro de desaparecer.
En Balzapote hay 520 habitantes, 47 ejidatarios, que diariamente luchan contra la pobreza en la que viven, sus pobladores se mantienen de la pesca y de la agricultura, “aquí todos los días tenemos que comer pescado, no hay más, no hay dinero, y para ir a la ciudad está lejos”, dice una mujer que fríe unos pescados para el almuerzo.
Allí habitan dentro de un área natural protegida, adonde Apiver ha llegado para extraer piedra que servirá para la ampliación del Puerto, y que en su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) contempla extraer cuatro hectáreas y una más de manejo de material, en 2 millones de metros cúbicos y cuyo proyecto durará cuatro años.
Cabe recordar que el establecimiento y mantenimiento de las áreas naturales protegidas permite al Estado mexicano garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, por ello es preocupante que para la ejecución de proyectos como la ampliación del puerto de Veracruz se eche mano de dos importantes áreas naturales protegidas: Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y Reserva de Los Tuxtlas.
El Estado mexicano creó la Reserva de Los Tuxtlas en 1998 y desde entonces las poblaciones de los alrededores han aprendido a convivir con las limitaciones que impone esta área natural protegida y en un ejercicio participativo (Planeación para la conservación de la Costa de Veracruz -2005), más de 73 personas de 41 instituciones identificaron y reconocieron al Fondo Rocoso de Los Tuxtlas -que tiene una extensión aproximada de 57 mil 600 hectáreas-, como de alta productividad marina, la cual sustenta la actividad económica de las pesquerías, así como la diversidad de aves y la existencia de zonas de reproducción de éstas. Derivado de este proceso de planeación costera se hizo la recomendación de que el Fondo Rocoso de Los Tuxtlas fuera incorporado a la poligonal del área natural protegida.
De ahí que la extracción de rocas contraviene los esfuerzos de conservación y restauración que han venido realizando en las últimas décadas tanto el Estado mexicano como la sociedad civil y tomando en cuenta las obligaciones que impone el derecho humano al medio ambiente sano, los principios de prevención y precautorio, y de conformidad con el artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Semarnat debe retroceder la autorización que ya dio a Apiver.
Firman convenio
Por años los pobladores han vivido con carencias: necesitan caminos, escuelas para que sus hijos continúen sus estudios, alimentos y fuentes de empleo. El gobierno no ha otorgado sus derechos económicos-sociales, contemplados en el artículo 1 constitucional, el tercero y cuarto constitucionales.
La empresa Apiver aprovecha estos vacíos y omisiones del gobierno estatal y ha hecho promesas de construcción de caminos, de una escuela, de un salón social y hacerles un embarcadero para que puedan pescar, de ahí que la mayoría de los ejidatarios están a favor de que se saque la piedra.
Incluso, los ejidatarios ya firmaron un convenio con la empresa y con el gobierno del estado para que se extraiga el material y ellos reciban los beneficios, de ello acusa uno de los ejidatarios, Bertoldo Sosa, “son como ocho con los que se quedará el dinero y eso también puede traer problemas porque el reparto debe ser equitativo”.
“El comisariado ejidal se llama Nicolás y él es el que firmó el convenio junto con 47 ejidatarios, los de la asamblea han tomado la decisión de firmar el convenio entre el gobierno y la empresa, pero son ocho ejidatarios los que están interesados en la venta y ellos son los que operarán el dinero, yo nunca he pensado vender aunque sé que será mucho dinero, yo no vendo por nada”, dijo Bertoldo.
Otros pescadores afirmaron que si la empresa Apiver no los contrata para la construcción, hay derrama, hay dinero en el pueblo, porque a los trabajadores que lleve la empresa comprarán comida. Y efectivamente, en la MIA sólo se contemplan dos empleos permanentes, lo que indica que no habrá fuentes de empleo para los pobladores.
Además, la presidenta de Defensores del Medio Ambiente de los Tuxtla AC, Jessica Hitandegüi Swanson Santiago, dio a conocer que les pegarán a los ejidatarios 12 pesos el metro cúbico, cuando en Alto Lucero, que está más cerca del puerto y no está dentro de una reserva, también se encuentra otros bancos de roca basáltica, y pagan 160 pesos por metro cúbico. “Les ofrecieron pagarles 12 pesos con 50 centavos por metro cúbico, es una miseria porque estamos hablando que el metro de grava está entre 180 el metro… son cerca de 500 pobladores”.
Además, dijo un pescador que pide anonimato, “también apoyará para el futuro, dragará para hacer un embarcadero, los barcos llegarían aquí, eso estaría bien, sería más fácil pescar, “el asunto es el manejo del dinero”.
