Fernando Inés Carmona y Norma Trujillo Báez
La Jornada
Ixtaczoquitlán, Ver.- La Procuraduría Agraria (PA) coacciona a los ejidatarios del valle de Tuxpango, en este municipio, para la venta de sus tierras y concretar así el proyecto hidroeléctrico El Naranjal; comuneros denuncian el reinicio de una campaña de hostigamiento en su contra, avalado por los tres niveles de gobierno, “para abreviar el despojo de las tierras”.
Adolfo Tlaxcala, dirigente de la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango (UECVT), señaló que la empresa impulsora de este proyecto reinició las presiones para obligar a los ejidatarios y particulares a vender sus terrenos para concretar el proyecto hidrológico de El Naranjal.
A través de un comunicado llaman “a las organizaciones populares, personalidades progresistas, a solidarizarse al problema que acontece en nuestros ejidos (mediante el) despojo legalizado y el desplazamiento forzado a la población, con el objetivo de abolir el régimen ejidal y bienes comunales en todo el país, y la imposición de la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal”.
“Desde las semanas anteriores las autoridades ejidales están perifoneando y haciendo reuniones de ‘información’ en las comunidades, informando que para el día 18 de este mes (septiembre) entregarán los certificados parcelarios a cambio de una cooperación de cien pesos a los ejidatarios por fracción y el que tiene 4 fracciones de tierra o más, el costo económico aumentará, por lo que existe la inconformidad por parte de los ejidatarios porque nunca les informaron de manera oportuna y nunca nos han tomado en cuenta para esta decisión.”
Los empresarios cuentan con el respaldo del gobierno federal, que mediante instituciones agrarias prácticamente obliga a los ejidatarios y particulares a dejar sus terrenos.
Como organización independiente, en el ejido Zapoapan, señalan, “estamos organizados y resistiendo en pie de lucha, para la defensa de la tierra, recursos naturales, el régimen ejidal y bienes comunales, la defensa de nuestros derechos humanos y constitucionales, de forma organizada e independiente”.
“Una de nuestras demandas es rechazar de forma rotunda la pretensión de la Procuraduría Agraria de privatizar la tierra y nulificar el régimen ejidal y comunal, contando con la complicidad de los comisariados pasados ejidales y en turno, municipales y estatal”.
El Estado mexicano, dice, intenta concretar el despojo legalizado y privatización de la tierra en nuestro ejido a través del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar) “instituido como el programa permanente encargado de imponer las políticas y leyes neoliberales a los campesinos pobres que vivimos, nos organizamos, producimos, administramos la tierra y sus recursos naturales bajo el régimen de bienes comunales y ejidal”.
El problema se vive en las comunidades de Nexca, Fresnal, Santa Rosa y en el ejido de Zapoapan, “en contubernio con todos las autoridades de los tres niveles de gobierno, los comisariados pasados y en turno, obligan a nuestro ejido a cambiar de régimen”.
Asimismo da a conocer presuntas acciones irregulares que agilizarían la expropiación o venta de los terrenos ejidales que interesan en el proyecto hidroeléctrico: “Descubrimos que los que rechazamos dicho programa fuimos inscritos de manera oculta y corrupta, sin el consentimiento de los ejidatarios anulando y violando los reglamentos, usando las viejos artimañas”.
“Hoy se está actuando con la prepotencia, corrupción y viejas prácticas e incluso desde las semanas anteriores las autoridades ejidales promueven reuniones de información en las comunidades para la entrega de certificados parcelarios. Por ello hay inconformidad porque nunca les informaron de manera oportuna y con ello se violan las garantías individuales y el único patrimonio familiar, al comercializar nuestras tierras al mejor postor”.
El comisariado organiza una “comida y gran baile” para mediatizar al padrón de aproximadamente 250 de ejidatarios. “Se está generalizando un descontento popular al crear confusiones en las familias y comunidades que pertenecen al ejido, porque los comisariado pasados y actuales se han puesto al servicio de la Procuraduría Agraria, para agilizar el cambio de régimen a la propiedad privada, acusan.
A juicio de los ejidatarios afiliados al Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (TINAM), se quejaron de que con esta medida la Procuraduría Agraria busca obligarlos a privatizar la tierra y nulificar el régimen ejidal y comunal, contando con la complicidad de los comisariados ejidales anteriores y en turno, pues luego de que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) no pudiera obligarlos a desarticular su organización desde hace más de 20 años, ahora “enfrentamos una nueva ofensiva gubernamental con otro nombre ‘certeza jurídica’, pero con el mismo fin; actualmente impusieron el Fanar para los campesinos que administramos la tierra y sus recursos naturales y producimos bajo el régimen de bienes comunales y ejidal”.
