Patricia Méndez
E-Consulta
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunció que el gobierno de Puebla obstaculiza la liberación del activista Juan Carlos Flores Solís, quien fue detenido en abril pasado por delitos “contra la infraestructura hidráulica”, entre otros, cuando se oponía a la construcción del Gasoducto Morelos y el Arco Poniente.
En una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) en la ciudad de México, los activistas acusaron que la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que dirige Víctor Carrancá Bourget, se niega a acatar la resolución que el pasado 28 de agosto emitió el Juez Séptimo de Distrito para dejar en libertad a Flores Solís.
El abogado del activista aún preso, José Antonio Lara, explicó que la PGJ consideró como no valido el amparo que dicho juzgado emitió y que ordena al juez penal de Cholula dejar “insubsistente” el proceso legal en contra de Flores, por lo que la dependencia estatal presentó un recurso de revisión en contra de la determinación.
Tal acción pretende retrasar los tiempos para que tampoco salga en libertad a la también activista Enedina Rojas, quien ayer jueves fue trasladada de emergencia del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlixco al hospital municipal San Juan de Dios, pues no le fue suministrado su medicamento para el aspa que padece –según también denunciaron durante la conferencia de medios–.
Y es que Lara explicó que el principal argumento que el Juez Séptimo de Distrito tomó en cuenta para conceder un amparo a Flores Solís y que éste obtuviera su libertad, es que las pruebas que la PGJ presentó para encarcelarlo, resultaron falsas.
Una de las pruebas expuestas por la dependencia estatal fue un supuesto video en el que se aprecia a Juan Carlos Flores cometiendo delitos durante una manifestación, cinta que inicialmente aseguró estaba en poder del Ministerio Público (MP) pero que posteriormente reconoció que no existía. “Se le pidió al procurador el video y reconoció que no existe, inventarnos las pruebas”, acotó el abogado.
Asimismo, el gobierno de Puebla acusó que el activista robó dos celulares a los trabajadores de una empresa que ejecuta el Gasoducto Morelos, pero la fecha que señalaron del supuesto hecho, es la misma en la que Flores Solís firmó una minuta con funcionarios estatales, lo que evidenció la falsedad del argumento, abundó.
Por lo anterior, los integrantes del Frente exigieron al gobierno de Puebla no retrase la liberación de sus compañeros, así como detenga acciones de hostigamiento y represión en contra de activistas que pugnan por la defensa de sus comunidades.
