Claudia Guerrero
Reforma
Cd. de México (23 septiembre 2014).- Tras reconocer que existe un mercado de sobornos y extorsiones con cargo al bolsillo de los mexicanos, senadores del PRI, PAN y PRD exigieron poner un freno al creciente fenómeno de los «moches» [entonces que se encierren a sí mismos para siempre].
Los legisladores condenaron que la asignación discrecional de una bolsa o techo presupuestal a cada uno de los 500 diputados se haya convertido en el principal instrumento de negociación del paquete económico cada año.
Los senadores expresaron su rechazo a esta práctica durante la presentación del libro «La Negociación Política del Presupuesto en México, 1997-2012: El impacto sobre la composición y ejecución del gasto público», realizado por la consultora Integralia, en colaboración con la Cámara alta.
El coordinador de la investigación, Luis Carlos Ugalde, pidió frenar el fenómeno de los «moches», provocado por una deformación en las facultades del Congreso para definir el Presupuesto.
«El problema de la etiquetación distrae la función de control presupuestario que debe llevar acabo la Cámara de Diputados.
«Cuando los legisladores pueden asignar libremente recursos millonarios se da el surgimiento de sobornos, con los llamados moches, porque algunos alcaldes efectivamente ofrecen un porcentaje a cambio de mayor presupuesto», dijo.
Según la investigación, se debe eliminar «la perniciosa y creciente práctica» de que los legisladores cuenten durante la negociación con una bolsa individual, libre de asignación.
El Presidente del Senado y coordinador del PRD, Miguel Barbosa, demandó que se ponga fin a ese tipo de estrategias que implican corrupción y tráfico de influencias.
«Se deben eliminar prácticas clientelares, asignación de recursos presupuestales discrecionales a legisladores y se deben fortalecer las disposiciones legales para asegurar la transparencia del ejercicio presupuestal, la rendición de cuentas y el combate a todas las formas de corrupción y tráfico de influencias», expresó.
El senador del PAN, Ernesto Cordero, lamentó que no se haya consignado a nadie por estos casos, ante la ausencia de una denuncia formal.
«Cada diputado puede gestionar 40 millones de pesos, si es amigo, o 10 millones de pesos, si no se es amigo. Se genera el mercado secundario, a los señores diputados que tienen ese techo, se les acercan los alcaldes, algunos empiezan a ser generosos, unos son más generosos que otros y se genera ese mercado secundario de corrupción profunda», acusó.
«Más allá de las consideraciones de las consecuencias legales y penales que tiene, estamos en el momento de pararlo y debe tenerlo».
El propio presidente de la Comisión de Hacienda, el priista José Yunes, reconoció que el gasto para pavimentación se presta para incurrir en actos de corrupción.
«El programa que financia pavimentación en un municipio seguramente es susceptible a corrupción, porque el que ejecuta es el municipio y seguramente es el diputado el que determina a qué municipio», señaló.
El senador también exigió que se termine con esas prácticas.
