Yadira Llaven Anzures
La Jornada
Legisladores y organizaciones sociales consideraron que el hecho de que el gobernador Rafael Moreno Valle incurra en desacato a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan abre la puerta para que el organismo federal inicie un juicio político en contra del mandatario poblano, según consideró la diputada Roxana Luna Porquillo; el dirigente del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), Marco Mazatle Rojas, y el líder del Frente Amplio Social (FAS), Ricardo Jiménez Ávila.
La legisladora federal reconoció que para que ésto pueda proceder tiene que existir un cabildeo entre las diferentes fracciones parlamentarias.
Sobre el tema, expuso que no existe una postura oficial de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI) referente al caso Chalchihuapan; sin embargo, destacó que también es importante el juicio político contra el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, pues “ha faltado a su mandato de defender las víctimas”.
Luna Porquillo señaló que Rafael Moreno Valle es la autoridad y responsable de lo que ocurra en el estado, aunque, dijo, es un gobernante que carece de rostro humano, no genera confianza, diálogo ni reconoce sus errores.
Esto luego de que el mandatario poblano hizo público que no pedirá disculpas a Elia Tamayo Flores por el asesinato de su hijo de 13 años José Luis Tehuatlie en una protesta social, como lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Ya sabíamos que el gobernador iba a adoptar dicha postura, con eso nos queda claro que no está en posibilidades de modificar la represión en Puebla, y eso nos preocupa porque faltan dos años de su administración”, declaró vía telefónica.
Advirtió que la represión va a seguir en Puebla en contra de los grupos disidentes al gobierno, el cual –culpó– no garantiza las libertades democráticas, como la manifestación que es producto de varios años de lucha.
Por su parte, Ricardo Jiménez Ávila dijo que este desacato a las recomendaciones del organismo federal también da elementos para buscar la desaparición del Poder Ejecutivo en Puebla.
Por lo tanto, como organización social señaló, demandarán a los senadores poblanos que asuman su responsabilidad e inicien los procesos para el juicio político contra Moreno Valle.
“Haremos la petición formal al senador perredista Miguel Barbosa, quien ahora es presidente del Senado, para que impulse dicho proceso desde la Cámara Alta”, declaró en entrevista.
Jiménez Ávila lamentó la actitud retadora del gobernador estatal, de quien dijo pretende seguir pisoteando los derechos humanos de los poblanos, así como las leyes.
Recalcó que de acuerdo con el dictamen de la CNDH fue Moreno Valle quien dio la orden al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, de reprimir a los pobladores de Chalchihuapan que cerraron la carretera federal a Atlixco, en demanda de la reinstalación del servicio del registro civil en su comunidad.
A esta misma postura se sumó Marco Mazatle Rojas, del MAS, quien señaló que la soberbia del mandatario estatal no tiene límites.
“Es inhumano que no pida disculpas por el dolor causado a una madre que padece la muerte de su hijo”, reprochó el dirigente social.
Cuestionó si el gobierno federal y los Senadores de la República están solapando al gobernador, pues pareciera que nada ha pasado por el caso Chalchihuapan y la muerte del niño.
Incluso calificó al titular del Poder Ejecutivo como un ser oscuro, que no le importa el sentir de su pueblo.
A la par, en la ciudad de México un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra de Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los dos principales motivos que argumentan los activistas son “las gravísimas omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México y la utilización de la institución a modo y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos”.
Dicha demanda está firmada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros.
