- El Ayuntamiento ha dejado de pagar las aportaciones al Issspeg, asegura
- Si no se paga, en esta quincena la deuda llegará a 22 millones de pesos, estima Fidel Miramón
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO
La Jornada
El alcalde Luis Walton Aburto se queja de que en administraciones pasadas se generó una deuda que ahora está impactando en las finanzas del municipio, pero en lo que va de su administración también ha dejado de pagar las aportaciones obrero patronales al Issspeg por un monto de 20 millones de pesos, y en la quincena se incrementará a 22 millones, expresó el dirigente de la sección 56 del Suspeg, Fidel Miramón Ortiz.
El dirigente señaló que si bien hay casi 48 millones de deuda de la administración anterior de Manuel Añorve Baños, “las deudas son institucionales, y el que llegue tiene que solventar las deudas que haya dejado la administración anterior”.
Sin embargo remarcó que en lo que va de la administración actual casi se llega a la mitad de la anterior.
“A nosotros nos duele que el presidente no esté al corriente porque afecta las jubilaciones y las prestaciones en cuanto a beneficios de los trabajadores de base. Tenemos que esperar seis meses o un año para que se puedan jubilar y recibir sus salarios. Es injusto eso. No estamos de acuerdo. Si ese dinero no es del presidente, es del trabajador; que lo entreguen al instituto y punto, y se subsana. Por eso no tenemos préstamos, están detenidos, no dan como deben de ser, porque no existe solvencia por parte del presidente municipal”, señaló.
Por su parte, la representante de la sección 24 del Suspeg, Adela Hernández Angelito, indicó que hay “un desfase en cuanto a beneficios sindicales que no se nos han otorgado y a los que tenemos derecho”.
Entre los temas rezagados, dijo, están el pago a las casas prestamistas, donde los trabajadores están en buró de crédito sin ser su culpa porque la administración pasada no pagó lo que ya les había descontado “y esto conlleva a la actual” administración.
Otro asunto es el pago de marcha de los que se jubilan pues “tarda un año y medio o hasta dos años en liberarles los recursos que están convenidos en una negociación”.