Luciano Campos Garza
Proceso
MONTERREY, N.L. (apro).- El pasado fin de semana, Víctor Hugo Guerrero Guerrero, recluido en el penal de Cadereyta de Jiménez, falleció por desnutrición.
Es el segundo deceso de un reo en menos de una semana. El pasado miércoles 24, Ángel Omar Villarreal Villarreal, murió a causa de una tuberculosis en el penal de Topo Chico.
Ambos casos, denunció Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), evidencian que “las autoridades no están cumpliendo cabalmente su misión”.
Por ello, Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Cadhac, pidió al gobierno de Nuevo León que permita que un organismo internacional, como Médicos Sin Fronteras, valore las condiciones de salud que prevalecen en el interior de los tres penales administrados por el estado.
De acuerdo con la organización no gubernamental, en el transcurso de este año se han agravado las condiciones de salud en los reclusorios de Nuevo León, donde se han registrado brotes de sarna y tuberculosis, mientras sus directivos impiden a las familias de los internos que ingresen alimentos y productos de primera necesidad, “lo que empeora la situación alimentaria de los reclusos.
“Se necesita una acción contundente y urgente ante estos hechos que, sin duda, reflejan un muy deficiente trabajo e incluso negligencia por parte de las autoridades. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta de que estas personas estaban en un estado grave tan grave que resultó en su muerte?
“Estamos pidiendo que el estado acepte la intervención de una organización seria como Médicos Sin Fronteras para que dé una valoración de la salud de los internos”, expresó Morales Elizondo, quien pidió al gobierno que indemnice de la mejor manera posible a los familiares de Guerrero Guerrero.
Asimismo, Cadhac pidió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), responsable de cuidar la integridad física y emocional de los internos en centros estatales, que revise el convenio que tienen con la empresa Proveedora Salazar, S.A. de C.V. –que desde hace años tiene la concesión del sistema de alimentación en los penales– para verificar que cumpla con la alimentación adecuada para la población penitenciaria.
Y en caso de encontrar deficiencias, la organización civil pide que sancionen a la empresa o que les suspendan la concesión.
También demanda que sean revisados los expedientes médicos de los internos para atender, de inmediato, a quienes presenten problemas de salud.
Además Cadhac urgió al gobierno estatal a auditar al organismo social Fomento Laboral Penitenciario, que coordina el trabajo productivo interno de los presos, para que determine si se lucra con ello.
Concluyó el órgano ciudadano: “Hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes del estado de Nuevo León para que atiendan de inmediato esta situación, ya que son ellos los responsables de velar por las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios estatales”.
