David Martínez Huerta
Sinembargo
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– El Senado se solidarizó con los familiares de las víctimas mortales localizadas en una fosa clandestina en Iguala, Guerrero, mientras que los líderes parlamentarios adelantaron que no buscarán decretar la desaparición de poderes en el estado tras el caso Ayotzinapa.
Tampoco solicitarán la destitución del Gobernador Ángel Aguirre Rivero. Simplemente, dijeron, se pedirá una investigación exhaustiva a nivel federal sobre los trágicos acontecimientos ocurridos el 26 de septiembre.
El coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, llamó a reflexionar sobre la conveniencia de buscar la destitución de Aguirre, a unos meses de que se realicen elecciones en Guerrero precisamente para renovar al Ejecutivo estatal.
“Habría que valorar si es más rápido cambiar de Gobernador con el proceso electoral y la renuncia del mismo. Creo que es un tema de valoración en primer lugar de tiempo, y en segundo lugar de resultados: resuelve o no resuelve el problema. Creo que es un tema que se tiene que analizar detenidamente más allá de posicionamientos político-electorales.
También se ve muy lejana la posibilidad de que el Senado solicite la desaparición de Poderes en Guerrero, aunque en la entidad priva un clima de inseguridad y violencia, evidenciado por la posible masacre de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
“El problema de la desaparición de poderes es un tema que hemos discutido y que hoy se va a discutir nuevamente, es que implica la desaparición del Congreso local, del Poder Judicial y del Gobierno estatal, que implica una decisión del Senado de la República, que implica poner un Gobernador que convoque a elecciones”, recordó el panista.
El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, fue claro al rechazar que la desaparición de poderes sea un tema que abordará el Senado. “Esa es una decisión del congreso estatal, del señor gobernador [de Guerrero]. Nosotros no tenemos nada qué ver ahí”, afirmó.
Por su parte, la Senadora priista Cristina Díaz, comentó que la Secretaría de Gobernación ya estableció una comisión integrada por padres de familia, normalistas y representantes de organizaciones no gubernamentales, ya que los representantes del grupo solamente quisieron hablar con el secretario Osorio Chong, no con funcionarios estatales.
La también presidenta de la Comisión de Gobernación, pidió realizar una investigación exhaustiva sobre los lamentables acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, y confió en que las pesquisas que se realizan a nivel federal permitan dar “con los verdaderos responsables materiales e intelectuales”.
En tanto, el grupo parlamentario del PRD inscribió un punto de acuerdo para exigir una investigación exhaustiva que permita el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero; la ubicación física de los jóvenes levantados, y la sanción a los responsables directos, autores intelectuales y autoridades que por acción o por omisión son partícipes de los mismos
En otro frente, en la Cámara de Diputados se aprobó la creación de un grupo de trabajo que dé seguimiento a las investigaciones que se realicen en Iguala, Guerrero.
No obstante, el líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, consideró urgente ir más allá de la creación de comisiones especiales del Congreso que simplemente legitimen las pesquisas del Gobierno federal.
Exigió que las investigaciones se realicen más allá de colores partidistas y se actúe de manera firma contra los delitos que consideró de “lesa humanidad”.
“Yo no le tengo confianza ni al PAN, ni al PRI, ni en ningún grupo parlamentario que por mucho tiempo han intentado ocultar este tipo de crimines, no es el tema de fondo, el tema de fondo es llegar hasta las últimas consecuencias, frente a estos hechos lamentables, indignos, de barbarie, de la humanidad, contra jóvenes indefensos, estudiantes de escasos recursos económicos, no puede callarse esta Legislatura”, arremetió.
Recordó que los crímenes de lesa humanidad están sancionados en el Código Penal Federal y lo establecen también 11 tratados internacionales sobre derechos humanos, e incluye el delito de genocidio.
