Fernanda García Cruz
Sinembargo
Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– El brote de violencia que se ha registrado en México en los últimos dos meses puede representar un freno para las inversiones que se esperan como fruto de la Reforma Energética, ya que algunas zonas en las que se realizarán explotaciones de hidrocarburos bajo los nuevos esquemas están identificadas como áreas en donde opera el crimen organizado o en donde se registran robos continuos de gasolina, reconocieron representantes de empresas extranjeras, analistas e incluso funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Es un tema delicado, es un tema que evidentemente habrá que manejar con cuidado. Se están haciendo cosas en México que ayudarán a los inversionistas a entender cómo se puede manejar el problema”, dijo el gerente Comercial en México de ExxonMobil Exploration, Jesús Bronchalo.
Agregó que “habría que mirar las cosas en detalle para analizar las áreas específicas donde se comience a operar. No es un tema nuevo para la industria y es un tema que en principio se puede manejar”, comentó brevemente a pregunta expresa de SinEmbargo durante el foro Mexico Upstream Contracts & Deepwater.
Ante este panorama, Rolando Galindo Gálvez, subdirector de Relación con Inversionistas de Pemex reconoció que “el tema de la inseguridad es algo que nos preguntan muchos inversionistas sobre ¿qué va a pasar?; en Pemex se está haciendo un esfuerzo para poder disminuir este tipo de actos”.
Reveló que la paraestatal ha considerado dentro de su proyecto invertir en el tema para contrarrestarlo. “[Se va a] medir en tiempo real en qué parte se ejercía presión en cada parte de nuestros ductos para poder detectar tomas clandestinas más rápido e irlas a cerrar”.
Agregó que “en conjunto con las autoridades hemos trabajado para que efectivamente en los congresos y en los tribunales y en las instancias que se tenga que hacer pues efectivamente se tomen en cuenta ese tipo de crímenes, pues si no, este tipo de actos ilícitos desincentiva un poco la productividad”.
Aseguró que “en entornos donde pensamos asociarnos con empresas estamos trabajando con las autoridades para que efectivamente se refuerce la seguridad en esas áreas en el corto plazo”.
Sin embargo, Miriam Grunstein, especialista en el sector energético y académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo, por separado, que “es un tema del que no se habla y es algo que podría frenar enormemente la reforma es el tema de la delincuencia organizada.”
“Las zonas petroleras están llenas de delincuencia y generalmente el descubrimiento de depósitos grandes de petróleo no calma el problema de delincuencia, incluso lo exacerba”, agregó la académica.
Sobre este tema, Javier Estrada, presidente de la consultora Analítica Energética informó que “la percepción nacional ha sido que ha habido mucha corrupción dentro del sector y es una gran preocupación sobre todo porque se da en espacios que son obscuros para la mayoría de la Nación”.
LAS RUTAS OSCURAS
Comparativo de las zonas donde se han localizado reservas de gas shale y el territorio que dominan Los Zetas: Imagen: Insight Crime
El pasado 19 de septiembre, al comparecer ante los diputados, en el marco del análisis del «Segundo Informe» de Peña Nieto, el «director» de Pemex, Emilio Lozoya Austin, reconoció que las pérdidas por el robo de gasolina superan los 7.5 millones de barriles, equivalentes a 15 mil millones de pesos, tan solo en los primeros ocho meses del año.
“En el año 2014, al cierre del mes de agosto, se estima que el volumen sustraído ilícitamente a través de las tomas clandestinas ascendió a 7.5 millones de barriles con un costo equivalente a 15 mil 300 millones de pesos; eso es lo que le roban al Estado mexicano”, dijo en esa ocasión.
Detalló que de enero a agosto han sido identificadas y clausuradas en el país dos mil 481 tomas clandestinas, luego de que en 2012 fueron detectadas mil 635 y en 2013 dos mil 612 tomas ilícitas.
Explicó que de septiembre de 2013 a septiembre de 2014 se identificaron y clausuraron 2 mil 745 tomas clandestinas, de las cuales 321 fueron “no herméticas” causando derrames significativos.
Un análisis publicado en febrero por el sitio estadounidense Insight Crime, especializado en seguridad en América Latina, advertía que las empresas extranjeras que vengan a invertir a México en el sector petrolero, gracias a la Reforma Energética, pueden convertirse en el nuevo blanco para los cárteles de la droga, que han encontrado en el robo del hidrocarburo una nueva veta de negocios.
Según el análisis, a pesar de que los Zetas siguen siendo el grupo más comúnmente asociado con el robo de suministros de Pemex, otras grupos del crimen organizado parecen haber seguido sus pasos.
Uno de ellos es el Cártel de Sinaloa, líder en cuanto a sifones detectados en oleoductos de Pemex, los cuales son una de las principales formas en que los grupos extraen hidrocarburos; en 2011, ningún estado detectó más de estos grifos ilegales que Sinaloa.
Aunque se desconocen las cifras, expertos aseguran que tanto Zetas como el Cártel de Sinaloa ganan dinero del robo y de la reventa de hidrocarburos, así como del control de las operaciones mineras legales e ilegales. Las áreas de gas shale [cerca del Golfo de México] coinciden con las áreas de operación de los Zetas, en la región de Tamaulipas.
Después de extraer el crudo de los oleoductos o mediante otros métodos, la capacidad de los grupos criminales de transportarlo y beneficiarse de su robo depende en gran medida de agentes externos, empresas independientes y estaciones de gasolina. Una demanda presentada por Pemex en 2011, en el Southern District of Texas lo demuestra.
En la demanda alegó que 12 individuos y empresas en Estados Unidos compraron suministros de Pemex robados por grupos criminales mexicanos:
“El condensado en cuestión en este juicio es la propiedad soberana de los Estados Unidos Mexicanos [México]. Fue robado en México y luego transportado y finalmente vendido a una gran cantidad de usuarios finales en Estados Unidos. Esta demanda está dirigida a algunos de los individuos y entidades que negociaron el condensado robado dentro de Estados Unidos previo a la radicación de esta demanda”, se puede leer el documento citado por el sitio estadounidense.
“Algunos de los acusados sabían, o al menos debían haber sabido, que comercializaban o transportaban, condensado robado. Otros ignoraban que estaban comprando bienes robados. Sin embargo, en cualquiera de los casos, los acusados se apoderaron de propiedad soberana de México sin derecho o título. Todos los acusados son, por tanto responsables de usurpación individual del patrimonio de México”, agrega.
POSIBLES SOLUCIONES
El subdirector de Relación con Inversionistas de Pemex afirmó que para desincentivar este tipo de actos ilícitos es necesaria una mayor la generación de empleos. “A través de la Reforma Energética, y la actividad económica que se derive de esta reforma podrá, poco a poco, ir incentivando a la gente que se cambie del sector informal al formal. A largo plazo pensamos que la generación de empleos y oportunidades solos van a cambiar este panorama”.
Sin embargo, Javier Estrada consideró que la forma de evitarlas no sólo será a partir de este proceso regulatorio de legislaciones y competencia, sino a través de la ética laboral.
“Es necesario que nuestros nuevos invitados que van a llegar al país tengan como premisa ética fundamental no caer en estos procesos de corrupción y que puedan ser una influencia”, expresó.
Se anunció que la reforma está acompañada de una serie de candados, presupuestos e ideas que están tratando de impedir que estas cosas sucedan.
“Somos nosotros los que vamos a decirles [a los inversionistas] cuál es el camino, cómo es bueno ser mexicano o cómo ser un buen vecino. Yo creo que ellos traen una serie de pensamientos éticos para aplicar aquí y al mismo tiempo que cuiden su interés económico. Sabemos todos que la corrupción es el peor negocio,” agregó el presidente de Analítica Energética.
El representante de ExxonMobil dijo que “es una cuestión de entender el riesgo y de tener las herramientas que tenemos para poder mitigarlo. Y una de las piezas fundamentales son las instituciones del país que sean fuertes y que van a apoyar a los inversionistas para poder tener este tipo de proyectos de una manera apropiada”.
Miriam Grunstein consideró, por su parte que debido a que “la infraestructura energética es muy costosa y muy visible, es perfecta para la extorsión de los grupos del crimen organizado, los guerrilleros, entonces si te amenazan con volar un oleoducto y mantienes una política de no extorsión pues igual te lo vuelan”.
“Ya verás si metes al Ejército, si metes a la Gendarmería, a ver qué tipo de policías está disponible. Pero como sabemos, los grupos policiacos en provincia no son lo óptimos, entonces no creo que el gobierno esté consciente de la magnitud de las complicaciones de la delincuencia organizada ante un boom petrolero,” concluyó la académica del CIDE.
