Miriam Posada
La Jornada
México, DF. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que la desaparición de 43 normalistas y la muerte de nueve personas ocurridas el 26 y 27 de septiembre pasados en Iguala, Guerrero, han despertado una justificada indignación nacional e internacional por lo que demandó «una respuesta contundente del Estado mexicano» y exigió que no haya impunidad en este caso ni en muchos otros que aquejan al país, y urgió a los tres niveles de gobierno, legisladores, sociedad y sector privado a hacer un pacto por México que garantice la seguridad de los ciudadanos, acabe con la impunidad, la corrupción y reforme instituciones.
El sector privado resaltó que la consternación por el destino desconocido de los estudiantes, tras 30 días, hay que sumar lo que implica el que los presuntos autores intelectuales sean las propias autoridades políticas locales, encabezadas por el presidente municipal y que en la búsqueda de los estudiantes se hayan descubierto fosas con gente asesinada, «lo que confirma, con la mayor crudeza, la descomposición institucional y social imperante en algunas regiones del país.
Acotó que el relevo en la gubernatura de Guerrero puede ayudar a avanzar en el expediente, pero la problemática de fondo en ese estado y en otras regiones de la República persiste.
«Los mexicanos no podemos ser indiferentes a la situación que se vive en estas zonas, algo que no es reciente ni eventual, sino que se ha extendido por muchos años, y que tiene el elemento común de la impunidad».
Por lo que ante el problema de violencia e inseguridad, demandó «una respuesta contundente y comprometida del estado mexicano, en su conjunto, y de toda la sociedad». Dijo que es una prioridad impostergable de seguridad nacional trabajar a fondo para asegurar la gobernabilidad democrática y el imperio de la ley en todos los rincones del país.
El organismo que aglutina a la cúpula empresarial señaló que urge iniciar un proceso de renovación de la vida pública en México, para limpiar y reformar las instituciones e hizo cinco propuestas que consisten en abordar primero el conflicto de Iguala para que sea esclarecido totalmente, y que se castigue a todos los culpables. «Amerita la creación de una comisión ciudadana para que apoye el trabajo de los responsables de las investigaciones y el resultado de las mismas».
Los empresarios exigieron que se garantice el orden público en la región.»La indignación social no justifica actos de vandalismo que están afectando a la población y a las empresas, que han sido víctimas de destrozos y robos. Se necesita que la autoridad actúe y que los afectados recuperen lo perdido».
Propusieron un sistema nacional contra la corrupción fuerte y efectivo que articule esfuerzos; con recursos y «dientes» para prevenir y detectar a tiempo actos de corrupción; que asegure el castigo, con mecanismos seguros de denuncia y protección a testigos, y la recuperación de lo defraudado a la nación o a los particulares.
«El esfuerzo debe ser integral, con una reingeniería de la arquitectura institucional, que debe incluir una estructura eficiente de transparencia, rendición de cuentas y controles internos y externos efectivos. Asimismo, la promoción de un cambio en la cultura y la ética pública. Hay que contemplar a los tres órdenes de gobierno y a todos los factores que inciden en la corrupción, incluyendo los que existan en el sector empresarial y en la sociedad en general».
La tercer propuesta consiste en «hacer un gran esfuerzo en materia de gobernabilidad democrática. Hay que actuar, junto con la sociedad civil de cada una de las zonas que más requieren apoyo, a través de esfuerzos de precisión».
En paralelo, se necesita una estrategia para blindar las elecciones del 2015 «de la infiltración de delincuentes y personajes corruptos».
La cuarta propuesta consiste en iniciar una revisión objetiva de los avances y rezagos, los aciertos y fallos de la estrategia y el sistema de seguridad pública vigentes.
Y el quinto compromiso sería generar una agenda de fortalecimiento institucional para consolidar el stado de derecho, que necesariamente debe incluir la reforma, en las leyes y sobre todo en las prácticas, del sistema de procuración e impartición de justicia, señalaron los empresarios del país.
