Rosa Santana
Proceso
CAMPECHE, Cam. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy en audiencia, en su sede en Washington, a representantes de 14 organizaciones sociales, académicas y de comunidades indígenas, que expusieron la destrucción del patrimonio biocultural de México por privilegiar megaproyectos, la falta de legislación y políticas culturalmente adecuadas para los pueblos indígenas y comunidades equiparables.
Luis Arturo Carrillo, portavoz del colectivo MAOGM, que lucha contra los transgénicos en la región, informó que en la audiencia, que fue temática, representantes de 14 organizaciones de la sociedad civil, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCSS) y de los pueblos maya, nahua de la Sierra Norte y la tribu yaqui expusieron ante la CIDH el “patrón sistemático de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos” en México.
Carrillo Sánchez explicó que uno de los planteamientos fue que 70% del territorio nacional tiene potencial minero, por lo que 35% fue concesionado por el gobierno entre los años 2000 y 2010, periodo en el que, destacó se autorizaron más de 29 mil concesiones para la explotación minera.
“Alrededor de 17% de estas concesiones –unos 5 mil 87 títulos– se encuentran dentro de alguno de los territorios indígenas y, en algunos casos, las concesiones ocupan todo su territorio ancestral, como es el caso de kiliwas, kikapoo, cucapás, pimas y guarijios”, destacó.
Luego sostuvo que en la Sierra Norte de Puebla el gobierno ha expedido 103 concesiones mineras, correspondientes a 912 mil 281 hectáreas, espacio que representa 18% de ese territorio.
Lo peor es, abundó, que esas concesiones se traslapan con los territorios ancestrales de los pueblos nahua y totonaco.
También comentó que otro de los temas que se abordaron fue el de las autorizaciones para la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) en México y “la amenaza que esto representa para el maíz, alimento ancestral y fundamental de la cultura y sobrevivencia de los y las mexicanos”.
“Debido a la política del Estado, en parte del país se ha sustituido el maíz indígena por el mejorado e híbrido, principalmente en áreas de riego y de temporal con buenas condiciones de lluvias anuales”, señaló y resaltó que “92% proviene de pocas empresas transnacionales que no tienen la obligación de certificar de dónde obtuvieron su germoplasma y cuentan con la protección de obtentores en la ley de semillas de 2007”.
Asimismo, destacó el caso específico de la Península de Yucatán, donde han sido autorizados, “sin consulta previa libre e informada al pueblo maya –tal como lo prevé el Convenio 169 de la OIT”–, varios permisos para siembra de soya genéticamente modificada, entre los que destaca un permiso para siembra comercial de 253 mil hectáreas.
“Ante esta arbitrariedad, comunidades y organizaciones mayas de los estados de Campeche y Yucatán interpusieron tres amparos, en cuyas sentencias el Poder Judicial reconoce la arbitrariedad, falla a favor del pueblo maya y deja sin efecto este permiso”, recordó.
Luis Arturo Carrillo dijo que actualmente dos de estos tres juicios están a cargo de tribunales colegiados y uno de ellos ha sido atraído, dada su relevancia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, resaltó que “aun con las sentencias que prohíben estos cultivos, y en claro desacato a la restricción judicial, este año se sembró́ soya transgénica en el estado de Campeche”.
El vocero de MAOGM explicó que las peticiones hechas a la CIDH incluyen realizar un trabajo masivo de difusión en su Informe Regional sobre el Derecho a la Consulta; solicitar información al Estado mexicano respecto de los mecanismos de consulta vigentes en casos de proyectos de supuesto interés público y los mecanismos para evaluar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y su impacto sobre el patrimonio biocultural, sobre todo en el contexto de la reforma energética.
También se solicitó que la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realice una visita en junto con el comisionado responsable en México, a fin de que recuerden al Estado mexicano sus obligaciones internacionales, específicamente relacionados con el derecho a la consulta, a la participación y a la información, al derecho de acceso a la justicia, así́ como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
