REFORMA / Redacción
Cd. de México (03 noviembre 2014).- Tres militares fueron consignados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar del hecho delictivo por el caso Tlatlaya.
Se les señala como presuntos responsables de 8 de los 22 homicidios ocurridos en una bodega en Tlatlaya el 30 de junio pasado.
Se trata de Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quienes habrían asesinado a ocho personas.
No obstante, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 21 de octubre pasado establece que 15 de los 22 fallecidos fueron ejecutados a manos de tres militares.
«Doce personas fueron presumiblemente privadas de la vida arbitrariamente por personal militar sin estar heridos, incluidos dos adolescentes y, respecto de otras tres víctimas, no se pudo determinar la condición en que fueron privadas de la vida en virtud de que los cuerpos fueron manipulados, lo que hace presumir también que fueron privadas arbitrariamente de la vida», sostuvo Raúl Plascencia en aquella ocasión.
Junto con ellos fueron consignados otros cuatro por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Todos quedaron a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito en procesos penales federales del Edomex.
Se trata del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, a quien se le señala que incurrió en delito de encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir que se consumara el delito, cometido por elementos a su cargo.
Los otros tres consignados fueron Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López.
Los siete efectivos se encuentran recluidos en la prisión militar del Campo Militar 1-A en el DF, a disposición del Juzgado Cuarto, el cual exhortó al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF para auxiliar en la toma de declaración preparatoria de los inculpados y la resolución de su situación jurídica.
El pasado 25 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional informó de la detención de ocho militares, un oficial y siete elementos de tropa, por su presunta participación en los hechos ocurridos en Tlatlaya, quienes quedaron desde entonces a disposición de un juez militar.
Preocupa proceso contra los mandos
Senadores del PRD y PT expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el caso de Tlatlaya sea resuelto sólo con la consignación de los militares de más bajo rango, lo que podría dejar en la impunidad la actuación de los mandos que estuvieron al frente del operativo.
El perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, se pronunció porque los militares que encabezaron las acciones en el Estado de México también sean procesados.
«Deben presentarlos, pues son quienes dieron las órdenes», señaló.
En días pasados, la bancada del PRD en el Senado solicitó al Presidente Enrique Peña Nieto que informe las razones por las que altos mandos del Ejército, involucrados en el caso Tlatlaya, no son procesados en el fuero civil.
«Informe a esta soberanía el nombre y grado castrense de los militares sujetos a investigación, las autoridades ministeriales que conocen esas investigaciones por la autoridad jurisdiccional ante la cual están siendo procesados () Y, en el caso de que dichas autoridades sean militares, la fundamentación y motivación por la que sea omitido ponerlos a disposición de las autoridades civiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Código de Justicia Militar», cuestionaron.
De acuerdo con el PRD se ha difundido que un General de Brigada, ex comandante de la 22 Zona Militar, es investigado por la Procuraduría de Justicia Militar por su presunta participación en los hechos, además de un Coronel, que era el comandante directo de los soldados.
Los senadores también pidieron cuentas sobre las acciones que realizarán las fuerzas castrenses frente al exhorto que emitieron los parlamentarios europeos por el caso de Ayotzinapa.
«Los hechos de Iguala han sido condenados desde todos los sectores nacionales e internacionales, como la develación de una crisis institucional hasta ahora simulada por la publicidad oficial, pero a voces conocida», refirieron.
Por su parte, la senadora Layda Sansores, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, consideró indignante que sólo se castigue a los soldados y un teniente involucrados en el caso.
«Me indigna que castiguen a chivos expiatorios, porque todos sabemos que en el Ejército no hay posibilidades de actuar, si no es con la orden de un superior. Había un coronel detrás de esto y ellos son quienes dan las órdenes», dijo.
