Pura simulación insultante…
Jesusa Cervantes
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Si alguna persona es condenada por el caso Ayotzinapa, no será por desaparición forzada, pues en la averiguación previa no se señala este delito, advirtió Ariel Dulitzky, relator de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, al reunirse con la comisión especial de diputados que indaga la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
En su diagnóstico sobre el actuar de México respecto de las desapariciones forzadas, Dulitzky dijo que la impunidad es el patrón que caracteriza “los miles” de casos registrados en el país.
El caso Iguala, sostuvo ante los diputados, “debe servir como parteaguas para atender este delito. El Estado no tiene una política pública integral para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño cuando se trata de desaparición forzada… Tampoco existe una coordinación entre los tres niveles de gobierno, y me parece que no existe un sistema nacional para hacer las búsquedas”.
Dulitzky recordó que en 2011, luego de una visita de tres meses y recorridos por varios estados de la República, el Grupo de Trabajo de la ONU recomendó al gobierno, entonces encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa, que lo primero que debía hacer para erradicar el delito era que reconociera “la dimensión del problema de la desaparición forzada”.
“El caso Ayotzinapa nos ratifica que esas 33 recomendaciones que hicimos entonces siguen vigentes, y yo hoy no puedo decir que si las hubieran cumplido se hubiera evitado el caso Iguala, pero sí tendría el Estado mejores herramientas para hacer frente”, comentó el representante de ONU.
Al encuentro asistieron cinco de siete integrantes de la comisión; PRI y PT optaron por asistir a una reunión sobre la distribución de los miles de millones que obtendrá y repartirá el Estado el próximo año.
Otra de las recomendaciones dadas al gobierno mexicano en 2011 fue “la generación de datos estadísticos, desagregados sobre desaparecidos”, pero tres años después no se cuenta con una base de datos.
Ariel Dulitzky cuestionó que México no cuente con un marco legal sobre desaparición forzada y que aún no haya establecido la base de datos, e incluso criticó que existan cifras diversas al respecto, pues, acotó, no son las mismas que tiene la CNDH, las que tiene la Comisión Especial de Atención a Víctimas, o las que maneja la PGR.
Y se lamentó:
“No puede ser que México sepa más de cuánto petróleo exporta que cuánta gente está desaparecida”.
Se refirió luego al uso de la fuerza en materia de seguridad pública, pues consideró que ésta se debe regular y que en muchos casos hay “encubrimiento” sobre los excesos, lo que finalmente tiene que ver con las desapariciones forzadas.
El caso Iguala, como prefiere llamarle el representante de ONU, ha revelado la incapacidad técnica forense para hacer frente a este tipo de situaciones, por lo que es pertinente la creación de un instituto de esta naturaleza.
Lo que se requiere para abatir este delito, planteó, es “decisión política”, pues las leyes no son suficientes para suprimir la desaparición forzada. Incluso, abundó, en el estado de Guerrero sí se tiene tipificado el delito de desaparición forzada, pero ya se vio que ello no basta para que se evite esa práctica.
Luego sostuvo que el expediente Iguala debe servir para atender los miles de casos de desaparición y que no sólo se debe centrar el ilícito en el caso de los 43 normalistas, sino que éste sea punta de lanza para atender el problema a escala nacional.
“Abrir las fosas es cerrar las heridas que están hoy abiertas”, dijo. “Sin heridas abiertas por décadas y décadas, y el Estado va a tener que lidiar con esto”, acusó pero ofreció como solución la creación de una ley sobre el tema, que haya decisión política, que se haga un plan de búsqueda para los desaparecidos, que se conforme una base de datos y se repare el daño a las víctimas.
Al encuentro acudieron el presidente de la comisión, el panista Guillermo Anaya; Sonia Chanona, del Panal, Ricardo Mejía Berdeja, de MC; Lizbeth Rosas, del PRD, y Ruth Zavaleta, del PVEM.
Esta última rechazó el reporte del titular del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de ONU, pues primero le echó en cara que en su país, Argentina, no se respeten los derechos humanos de los migrantes; segundo, que no hiciera referencia al reconocimiento que se le hizo en Ginebra a México por haber incluido en la Constitución el respeto a los derechos humanos.
También reclamó al relator que antes de hablar de Iguala debe conocer uno la realidad de Guerrero, en donde “se rompió el estado de derecho” y hay una gran participación del crimen organizado.
La experredista dijo al representante de ONU que el gobierno mexicano sí está haciendo todo lo posible por encontrar a los 43 normalistas y ha atendido de manera puntual a los padres de familia. Y no sólo eso, añadió, pues “hoy nos enteramos que el Ejército sí ayudó a los jóvenes” el día de la tragedia.
En contraste, la perredista Lizbeth Rosas celebró la intervención del representante del Grupo de Trabajo de la ONU, “pues lo que usted diga va a tener impacto internacional… nos abre los ojos con su intervención porque el gobierno sólo simula y quiere darle un matiz político a la desaparición”.
Por su lado, legisladores del grupo de trabajo para el caso Tlatlaya se reunieron con representantes de la PGR para analizar el avance de las investigaciones contra los militares debido a la presunción de ejecuciones extrajudiciales.
