Va para dos meses del crimen y los perpetradores siguen con faramallas tomándole el pelo a las familias…
Ezequiel Flores Contreras
Proceso
IGUALA, Gro. (proceso.com.mx).- Decenas de familiares de personas desaparecidas desde hace más de cuatro años, acudieron a la convocatoria de la organización Ciencia Forense Ciudadana para integrar una base de datos de víctimas y un banco de ADN.
El propósito es obligar a las autoridades a identificar los más de 30 cuerpos exhumados en las fosas que han localizado en la zona norte de la entidad, a partir de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa que siguen desaparecidos.
Al respecto, la señora Julia Alonso dijo que buscan cotejar las muestras recabadas por la asociación civil con los resultados que emitan las autoridades sobre los cuerpos que han encontrado en los últimos días.
La mujer es una madre que desde hace siete años busca a su hijo desaparecido en el estado de Nuevo León y formó parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia; actualmente realiza activismo independiente sobre el tema de los desaparecidos en Guerrero.
Alonso informó que desde la semana pasada Ciencia Forense Ciudadana anunció la donación de 500 pruebas de ADN para familiares de desaparecidos en esta región colapsada por la impunidad y violencia generada por los nexos entre autoridades gubernamentales y delincuentes.
El apoyo fue otorgado por la Universidad Durham de Inglaterra, que se encarga de tomar las muestras y generar el biobanco genético.
Desde las 11:00 horas, al menos 200 personas, hombres y mujeres unidos por el dolor y la angustia generada por la desaparición de un familiar, se congregaron en la iglesia de San Gerardo María Mayela, ubicada en la zona centro de esta ciudad.
“Estoy aquí porque han aparecido muchos cuerpos y quiero saber si mi hijo está en una de esas fosas”, expresó una afligida madre de aspecto humilde y voz firme.
La convocatoria fue realizada por asociaciones civiles y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), donde se explicó que primero se integrará una base de datos y posteriormente especialistas procedentes de un laboratorio de Inglaterra vendrán a tomar las pruebas de ADN, explicaron los organizadores de la iniciativa ciudadana.
Se trata de atender a las familias que antes de la masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa habían sido víctimas de la violencia tolerada y fomentada por las autoridades gubernamentales que han sido omisas frente a la tragedia que se vive en la entidad, indicaron los convocantes.
No obstante, peritos de la PGR acudieron a la parroquia para tomar pruebas de ADN a los familiares de personas desaparecidas procedentes de distintos puntos de Iguala y de los municipios de Cocula y Huitzuco, Chilpancingo, Pungarabato y Taxco; así como de otras entidades como Puebla y Morelos.
También llegaron integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal que encabeza Jaime Rochini.
En respuesta, las víctimas reprocharon la acción de las autoridades federales, argumentando que siempre asumieron una actitud indolente y nunca se interesaron en investigar el paradero de sus familiares, a pesar de que en muchos casos existen denuncias formales ante el Ministerio Público federal y del fuero común desde hace cuatro años.
Las víctimas expresaron públicamente su desconfianza hacia las autoridades ministeriales estatales y federales, argumentando que en la mayoría de los casos de desaparecidos de Iguala y sus alrededores, están involucradas corporaciones policiacas y el Ejército.
“A mi hermano se lo llevaron los policías, por eso no queremos nada con las autoridades”, dijo una joven.
Mientras que un padre de familia que busca a sus dos hijos desde 2012, desaparecidos en Cocula, expresó: “Tenemos miedo del gobierno, yo lo único que quiero saber es si están vivos o muertos”.
En respuesta, los organizadores pidieron a las víctimas que aceptaran la colaboración de la PGR en este movimiento ciudadano, porque el gobierno está obligado a asumir su responsabilidad frente a la crisis humanitaria que se vive en el país.
No obstante lamentaron que las autoridades gubernamentales hayan reaccionado a partir de la masacre y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Julia Alonso se dirigió a los familiares de los desaparecidos y les pidió dejar el miedo y mantenerse unidos para exigir justicia a las autoridades gubernamentales para que cesen este tipo de tragedias que están destrozando la vida de las personas en el país.
“Yo no voy a parar hasta encontrar a mi hijo, no me importa perder la vida y no me importa hacer lo que sea para que los responsables paguen, y no me importa porque este país se está cayendo a pedazos”, sostuvo la activista.
Por su parte, Miguel Ángel Jiménez, promotor de la UPOEG, anunció que en los próximos días, junto a familiares de víctimas, van a subir a los cerros donde autoridades ministeriales estatales y federales han localizado fosas clandestinas en Iguala.
Hizo un llamado a respaldar las acciones de los miembros de la UPOEG, que decidieron trasladarse de la región de Costa Chica a la ciudad de Iguala en busca de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa porque siete de los 43 estudiantes son hijos de policías comunitarios que resguardan varios poblados de Ayutla y Tecoanapa.
“Ustedes que son el producto del dolor y la impotencia y el gobierno ha llegado hasta estos niveles de corrupción y barbarie porque el pueblo lo ha permitido”, sentenció el promotor de la UPOEG.
