¿Y qué esperaeban de un asesino usurpador?
REFORMA / Redacción
Cd. de México, México (30 noviembre 2014).- A dos años de haber tomado la Presidencia de la República, la «administración» de Enrique Peña Nieto ha estado marcada por una política sistemática de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos, acompañada de impunidad, corrupción y una estrategia de represión contra el movimiento social organizado, señaló Greenpeace.
Mediante un comunicado, la organización ambientalista indicó que pese a que el sujeto afirmó tener el compromiso de cumplir con las modificaciones constitucionales realizadas en 2010 que fortalecerían los derechos humanos en México, la realidad ha sido otra.
«Desde su primer día de gobierno se coartó el derecho a la protesta y la libertad de expresión, configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas: represión desproporcionada de los manifestantes; investigación y persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia los líderes de los movimientos, así como la descalificación automática de los movimientos, criminalizando a quienes protestan», afirmó la organización.
Greenpeace recordó que en agosto de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que 22 mil 322 personas se encontraban en estatus de «no localizadas», de las cuales 9 mil 790 fueron reportadas en el Gobierno actual.
«En cifras reales, el Gobierno de Peña ha tenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, como una práctica habitual para obtener información y confesiones bajo coacción», expuso.
Aunado a ello, señala los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 cuando en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, perdieron la vida seis personas, tres de ellas estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, 20 más resultaron heridas y 43 personas fueron desaparecidas, sin que a la fecha exista certeza de su paradero.
«Lamentablemente éste no es un hecho aislado. Ha habido un aumento exponencial en los conflictos socioambientales en México derivados de la explotación y mercantilización de los bienes comunes naturales, el despojo, contaminación de los territorios de pueblos y comunidades indígenas y campesinas y sus recursos naturales que evidencian violaciones a los derechos humanos y crímenes impunes cada vez más recurrentes bajo el amparo de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal», señaló.
En tanto, desde 2013 y hasta abril de 2014, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha contabilizado un aumento en el número de agresiones a defensores ambientales pues en menos de 16 meses se han registrado 82 casos en 22 estados de la República Mexicana, 4 ejecuciones extrajudiciales de defensores ambientales y comunitarios, 29 entre enero y abril de 2014, en los cuales los agresores identificados en 37 casos fueron autoridades del Estado mexicano de los tres órdenes de gobierno.
Greenpeace también se refirió a las reformas estructurales impulsadas por el Peña como la reforma energética y los cambios a las leyes secundarias que imponen nuevos retos para la defensa efectiva del derecho a un medio ambiente sano.
Por lo anterior, anunció que seguirá trabajando por todas las vías posibles para reforzar la legislación ambiental mexicana, a pesar del desinterés del Peña por proteger el medio ambiente.
Además, dijo, no ignorará actos de injusticia que atenten contra la dignidad de las personas y el equilibrio de los ecosistemas.
