Jesús Aranda
La Jornada
Después de casi 20 años de la muerte del subteniente José Raúl Vargas Cortés, la cual ocurrió bajo circunstancias aún no aclaradas en la Base Aérea de Santa Lucía, la madre de éste, Rosario Cortés García, fue citada por el órgano de control interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que profundice sobre la queja que interpuso en contra del director general de Derechos Humanos de la Sedena, general Juan Carlos Beltrán.
Después de años de lucha por demostrar que su hijo no se suicidó, sino fue asesinado en las instalaciones castrenses y que la Procuraduría General de Justicia Militar evitó por todos los medios abrir una investigación pese a que había evidencias que involucraban a altos mandos de aquel entonces en la muerte del joven oficial, la señora Cortés recibió un citatorio, en el cual el emisario era un soldado vestido de civil, adscrito al Campo Militar 37-A, con sede en Teotihucán, estado de México, quien recibió por escrito la orden de “extremar las medidas de seguridad que considere pertinentes durante su traslado y regreso, a fin de preservar su seguridad física”.
En entrevista, la madre del subteniente dijo que tanto el citatorio como las circunstancias en que fue entregado fueron irregulares e intimidatorias. Solicitó que la dependencia garantice su seguridad e integridad, porque lo único que ha demandado desde el 20 de enero de 1995 es que se esclarezca la muerte de su hijo, José Raúl Vargas Cortés, y que se imparta justicia.
Agregó que su solicitud de que el director general de Derechos Humanos la apoyara en su demanda para que la procuraduría militar reabriera el caso de su hijo e investigara a fondo las versiones que señalan que José Raúl Vargas fue asesinado, porque tuvo acceso a información que involucraba a altos mandos castrenses en delitos graves, fue ignorada hace unos días, cuando acudió a la oficina del general Beltrán y no fue atendida.
Ello después de que la madre de la víctima recopiló durante años pruebas para demostrar que era falsa la versión de que su hijo se había suicidado y que existían elementos para al menos investigar la participación del entonces comandante de la base aérea, el general piloto aviador Arturo Villasaña Castillo, en el crimen.
El militar que entregó el oficio a la quejosa le mostró un documento –para demostrar que era soldado, pese a su vestimenta–, el cual precisaba que cumplía órdenes del mayor de artillería Iván Arroyo Muñoz, quien lo instruyó a cumplir con la encomienda de manera “extraurgente” y que “extremara las medidas de seguridad” para su traslado y regreso a la sede de la 37 Zona Militar. Situación que alertó a la quejosa, quien es mayor de edad, sobre su seguridad.
