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De los 341 entes fiscalizables en el estado de Veracruz, el 97 por ciento tuvo observaciones administrativas en el manejo del recurso público de 2013, mientras que apenas el 3 por ciento -11 fideicomisos y una dependencia estatal-, logró justificar de manera eficiente y oportuna la cuenta pública ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Cabe recordar que el daño patrimonial preliminar de 69 municipios y dependencia estatales es de casi 800 millones de pesos, y entre las observaciones más graves y recurrentes se encuentran: erogación de recursos sin comprobación, transferencias irregulares entre fondos, omisión del procedimiento de licitación para realizar adquisiciones de bienes y servicios; obras inconclusas, entre otras omisiones.
Contraloría única dependencia sin observaciones
Fue la Contraloría General del Estado (CGE) y los fideicomisos Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001, denominado Fondo de Desastres Naturales Veracruz; Pronabes; del Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; ORACVER; de Administración del Acuario de Veracruz; del Fondo Ambiental Veracruzano.
Así como el Fondo de Fortalecimiento de la Reserva Técnica del IPE; Sistema del SAR para los Trabajadores del IPE; Fondo Global de la Reserva del IPE y el Fondo de la Reserva Técnica Específica del IPE los que justificaron el manejo de los recursos públicos.
El resto, un total de 330 entes, fueron observados por el manejo financiero y administrativo, la ejecución de las obras públicas o en aspectos técnicos de las mismas.
De acuerdo al resumen ejecutivo, que integra los cinco tomos del informe de resultados que se entregó a los diputados locales de la Comisión de Vigilancia -del que se tiene una copia- a lo largo de la primera fase de la fiscalización, se logró reintegrar a las cuentas bancarias de los municipios, por fondo observado, un total de 4 millones 554 mil 220 pesos con 49 centavos. Lo que representa el 2 por ciento de los 798 millones 395 mil 336 pesos observados.
Dependencias estatales las que causan mayor daño al erario público
Son los municipios los que tiene un mayor daño al erario al no justificar el manejo financiero de 527 millones de pesos, que en un universo de 69 municipios, representan 7 millones 640 mil pesos en promedio.
A pesar de se sataniza a las demarcaciones por acumular el monto más alto y el mayor número de irregularidades, lo tienen dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Social, así como el fideicomiso del Túnel Sumergido, los que generaron mayor daño a las arcas estatales al sumar al no justificar el manejo de 267 millones 919 mil pesos.
Graves anomalías financieras
Dentro de las observaciones más recurrentes se encuentran: falta de inventarios de bienes muebles e inmuebles; inexistencia de padrones sujetos a pagos periódicos; falta de autorización para contratar empréstitos, enajenar bienes y celebrar convenios; falta de evidencia de que el órgano de control interno cumpla con sus funciones; transferencias extemporáneas de fondos federales.
Así como la omisión del procedimiento administrativo de ejecución, en aquellos impuestos o derechos que adquieren el carácter de crédito fiscal; documentos carentes de firmas de autorización; falta de establecimiento de indicadores para evaluar la correcta aplicación de los fondos; no existe evidencia del seguimiento y vinculación entre los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal con sus respectivos Programas Operativos Anuales.
En el aspecto financiero se observa que los entes fiscalizables hacen erogaciones sin comprobantes; se da la transferencia entre fondos no reintegradas; anticipos no amortizados; comprobantes sin requisitos fiscales; erogaciones no autorizadas; falta de entero oportuno de las obligaciones fiscales; omisión del procedimiento de licitación para realizar adquisiciones de bienes y servicios; errores u omisiones en registros contables; bienes sin dar de alta en el inventario o patrimonio y donativos recibidos no comprobados o no registrados.
Al auditar el gasto del dinero se detecta la inadecuada planeación de obras y acciones; se omiten los proyectos ejecutivos; se da la omisión del procedimiento de licitación para adjudicar obras, se elevan los costos; se erogan el gasto pero no hay volúmenes de obra ejecutados, los expedientes unitarios están incompletos.
Además hay obras realizadas que no se ajustaron a la normativa correspondiente de acuerdo al origen del recurso, otras no se terminan, otras más se hicieron fuera de norma o con operación deficiente; se terminaron pero no operan, están pagadas y no se ejecutan o tienen deficiencias técnicas.
El informe consolidado del Orfis, reconoce que una problemática constante en la Administración Pública es el pago de pasivos derivado de juicios laborales, este problema se acentúa en el cambio de administración.
Por lo anterior, es necesario que los entes fiscalizables, los registren contablemente en cuentas de orden, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e incluir en el Presupuesto de Egresos anual a ejercer, una partida que permita cumplir en tiempo y forma, con los pasivos derivados de laudos laborales.
Impuestos a tiempo
Respecto al pago de impuestos se recomienda implementar medidas de control para efectuar de manera oportuna el pago de impuestos federales y estatales a las instancias correspondientes, así como realizar las gestiones para incorporarse a los diversos beneficios fiscales que se otorgan en esta materia, esto con la finalidad de cubrir adeudos pendientes y evitar pagar actualizaciones, multas y recargos.
