Ernesto Villanueva
Proceso
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La memoria corta es uno de los múltiples problemas de los políticos mexicanos. No bien se conocieron los efectos del ejercicio de “transparencia” de Enrique Peña Nieto al hacer “pública” su declaración patrimonial. Ello por lo absurdo de su contenido (herencias y omisiones por todos lados) que tuvo más perjuicios que beneficios en la percepción de la sociedad sobre su persona y su gobierno. Ahora, en una nueva edición peor, o en el mejor de los casos igual que EPN, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera anuncia un acto similar. Lo hace mal y de malas. Veamos.
Primero. Lo que publica Mancera y su gabinete es una ofensa a la inteligencia de la sociedad en virtud de tres razones: a) No identifican la totalidad de sus bienes muebles e inmuebles que constituyen su patrimonio; b) La vaguedad con que anuncian sus propiedades. No es lo mismo tener una casa de 10 millones de pesos que una de 500 mil. Esta diferencia no se puede hacer con el núcleo informativo que dan a conocer a la sociedad el gobierno de los chuchos del PRD; y c) Esta mascarada se convierte en un acto de simulación que en lugar de dejar satisfecha a la sociedad, se queda con furia y enojo por esa tomadura de pelo. La publicidad o difusión de las declaraciones patrimoniales de los servidores tienen el propósito de dar seguimiento a la evolución de su patrimonio antes, durante y después del ejercicio público. Por esta razón a mayores detalles mayor posibilidad de hacer un escrutinio sobre el proceder de los gobernantes. Por el contrario, ejercicios como el de Mancera y su gabinete tienen, en los hechos, un efecto, bumerang que les pega en su credibilidad y en la percepción de legitimidad por resultados de cara a la opinión pública.
Segundo. Es verdad que la ley le permite a Mancera y a su gabinete mantener en sigilo su patrimonio bajo el amparo de la malentendida “confidencialidad” que pervive en la ley. Lo es también que el propio Mancera, sin estar obligado legalmente, aunque sí moralmente, a hacer público su patrimonio hubiera hecho de ese acto una oportunidad para deslindarse de las formas y modos de hacer política ficción de EPN. No lo hizo. Al contrario, por razones que no entiendo hasta el simulacro de transparencia de EPN fue menos burdo que el de Mancera y su equipo de trabajo. A pregunta de diferentes reporteros sobre el precio de sus bienes, Mancera en el colmo de la ignorancia afirmó sin empacho que para qué querían saber eso si era información confidencial y por seguridad. El señor Mancera debe saber que sin el requisito imprescindible del monto desglosado de su patrimonio familiar es literalmente imposible evaluar su comportamiento, identificar algunos indicios de corrupción o, por el contrario, mostrar a propios y extraños que su patrimonio embona perfectamente con sus ingresos, en cuyo caso ganaría respeto y credibilidad, valores que son escasos ahora justamente en la clase política mexicana.
Tercero. Habría que agregar que nadie le puso una pistola en la cabeza al señor Mancera para que aceptara participar por la jefatura de gobierno. Si tenía miedo por su seguridad, se hubiera abstenido del ejercicio público y se hubiera dedicado a otras cosas. Tenga por seguro que muchos mexican@s se “sacrificarían” por el Distrito Federal. Peor tantito. Si Mancera está preocupado por su seguridad con todo un equipo que lo cuida a él y a su familia, qué podría decir el habitante promedio de la capital del país. Esa respuesta de Mancera envía un mensaje que contradice sus afirmaciones anteriores. Cuando se trata de aseveraciones políticas de proselitismo la capital del país es muy segura. Pero cuando se trata de él, es muy peligrosa. ¿Cuál es la verdad? Eso lo único que genera es zozobra e incertidumbre haciendo de su labor una acción irresponsable. De igual forma, una de las medidas que podría hacer la oposición que seguramente será mayoritaria en este 2015 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es aprobar una normativa que obligue a los servidores públicos de jefe de departamento hasta jefe de gobierno hacer públicas sus declaraciones patrimoniales junto con las de sus familias. Esta ley debería contar con un amplio y detallado catálogo de rubros que minimice darle vuelta a la ley. Desgraciadamente esa es la única forma en México para que las cosas puedan mínimamente llevarse a cabo.
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