Mathieu Tourliere
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde hace algunas semanas, el agua dejó de llegar a algunas casas del pueblo de San Bartolo Ameyalco de la sureña delegación de Álvaro Obregón de esta ciudad.
Las autoridades delegacionales enviaron pipas, pero la medida no quitó el enojo entre los pobladores: primero, porque si bien no circula agua en las tuberías de sus casas, pueden escuchar el ruido del líquido que cae en abundancia en el manantial debajo de sus pies.
Segundo, porque cinco de los suyos están encarcelados en el Reclusorio Preventivo Oriente desde hace 10 meses, mientras que el gobierno federal maniobra para alargar su liberación.
Es por esta razón que una pequeña comitiva de alrededor de 50 personas –entre activistas y pobladores de San Bartolo Ameyalco, marchó el pasado miércoles 4 de la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta la del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
En mayo pasado, el delegado de Álvaro Obregón, el perredista Leonel Luna Estrada, desplegó más de mil 500 granaderos en San Bartolo Ameyalco para “resguardar” una obra hidráulica ante las protestas de los vecinos, quiénes se quejaban de la finalidad de la obra: el desvío del agua del manantial desde pueblo hacia el arco sur de la ciudad, dónde se elevan las torres de vidrio de la lujosa zona de Santa Fe.
A raíz del operativo, los uniformados bloquearon todos los accesos y salidas del pueblo y encapsularon a los pobladores. Lo anterior degeneró en violentos enfrentamientos, y cinco pobladores –entre los cuales Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez Linares y Eduardo Mejía Nava–, terminaron encarcelados por el delito de “ataque a la paz pública contra el ejercicio de la autoridad”.
Sin embargo, según Héctor Cerezo, uno de los coordinadores de la organización defensora de los derechos humanos Comité Cerezo, al dictar el autor de formal prisión, la juez 56 de lo penal del Reclusorio Preventivo Oriente cometió dos burdas judiciales: inventó el delito –sólo existe el delito de “ataque a la paz pública”– y desdeñó la posibilidad de los pobladores de salir libres bajo fianza, ya que el ataque a la paz pública queda considerado como un delito no grave.
El pasado 1 de diciembre, la justicia obligó a la juez 56 a modificar su auto de formal prisión a través de un amparo que otorgó a la defensa con base a estos argumentos.
Pero de repente ocurrió algo “rarísimo”, cuenta Cerezo a Apro: el 18 de diciembre la propia PGR interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de amparo, aún cuando el delito recae en el fuero común, que los enfrentamientos del mes de mayo pasado no ocurrieron en un territorio federal y no participó la policía federal.
“La PGR metió las manos en un asunto local”, denunció Cerezo, al subrayar: “significa que hay un acuerdo político entre el gobierno federal y el GDF para mantener a los presos en la cárcel o alargar su estancia hasta que terminen los proyectos hidráulicos”.
Y precisa que el domingo pasado, ante la falta de agua se juntaron los pobladores. Luego se percataron que ya revolvía el agua del manantial con el agua del sistema Lerma Cutzamala –hecho que la delegación siempre negó–, y que el líquido circulaba hacia Santa Fe.
Viviana Pérez Linares, vecina de San Bartolo Ameyalco, dice a Apro que en varias calles, como la Vicente Guerrero, duraron hasta 10 días sin abastecimiento de agua.
Bryan y Jacqueline
Enfrente del edificio de la PGR, ubicado en el Paseo de la Reforma, el grupo de activistas y pobladores se juntó a un costal del pequeño campamiento tapizado por una mosaica de fotos de personas desaparecidas y activistas presos, el cual se encuentra ahí desde hace 68 días para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la liberación de los presos políticos.
Entre las decenas de personas que alistaban sus banderas y mantas sobre la banqueta se encontraba Carmen Rodríguez.
Activo durante las manifestaciones que brotaron en solidaridad por Ayotzinapa, su hijo, Bryan Rodríguez, fue levantado el pasado 15 de noviembre por policías de la unidad de inteligencia de la policía federal, junto con su novia Jacqueline Santana.
Apro documentó en ese entonces la insólita acusación contenida en el expediente que llevó la justicia a dictar un auto de formal prisión a los novios: según la versión de los policías, los dos jóvenes hubieran asaltado a los uniformados en plena luz del día y armados de cuchillos de cocina, a poca distancia de la sede de la delegación Venustiano Carranza.
En el expediente, dos de los tres policías tienen una versión absolutamente idéntica de los hechos –hasta en los errores ortográficos–, y la defensa presentó videos que corroboran más bien la versión de los novios: que policías vestidos de civil les levantaron en un puente peatonal y les forzaron a entrar en dos vehículos civiles, entre ellos un taxi.
Carmen aseguró que durante las audiencias, los policías –a quiénes no reconocieron ni Bryan ni Jacqueline—ofrecieron versiones confusas e incongruentes entre sí, y fueron contradichos por el jefe de la unidad.
A cuatro meses de su detención, Bryan sigue en el Reclusorio Norte, y Jacqueline permanece en Reclusorio Femenil Santa Marta Acatitla –dónde sufre de acoso por una custodia, informó Carmen–.
Represión
Cuando la marcha arrancó, a alrededor de mediodía, Viviana Linares siguió del viejo autobús que abría el camino.
“Además de la lucha por la liberación de los presos políticos, seguimos con nuestras reivindicaciones para el manantial, está el movimiento en el pueblo pero no es muy fuerte, porque tiene miedo a moverse, a hablar”, dice a Apro, y añade: “en sí a los muchachos los amarraron para tener al pueblo tranquilo mientras le despojaban el agua”.
Durante los primeros cuatro meses, el gobierno prometió a los pobladores de San Bartolo Ameyalco que soltaría a los presos, a cambio de cual les pedía mantener el silencio y la calma, aseveró Cerezo. Pasado este periodo, varios de ellos se percataron del engaño y acudieron al Comité Cerezo.
Según Héctor Cerezo, sólo en los primeros años de gobierno de Miguel Ángel Mancera su organización documentó más de 800 detenciones arbitrarias en el Distrito Federal. En el sexenio de Felipe Calderón, se documentaron 990 detenciones arbitrarias, a lo largo y ancho del país.
“Estamos observando que en el DF el mecanismo de represión principal es la detención arbitraria y, en menor medida, la prisión”, sostiene Cerezo, y agrega: “En los estados de la República es diferente, porque la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos va en aumento”.
La estrategia de represión, explica, tiene la finalidad de ejercer el control social para garantizar las políticas neoliberales.
“Saben que las reformas estructurales generan descontento, porque despojan a gente o a territorios, y por eso tienen una estrategia para contener cuando es posible y reprimir cuando se enfrentan a un movimiento organizado”.
Los activistas y pobladores de San Bartolo Ameyalco entregaron una petición al GDF –con copias al presidente Enrique Peña Nieto, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y la juez 56 de lo penal del Reclusorio Preventivo Oriente–, en la que exigen la liberación inmediata de los cinco prisioneros y a la PGR el desistimiento del recurso de revisión del amparo.
La firmaron 102 organizaciones nacionales e internacionales, así como mil 872 ciudadanos. “La mayoría de ellos son del pueblo de San Bartolo Ameyalco”, refiere Cerezo.
